La Habana, Cuba. – El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, calificó como un excelente ejercicio legislativo el análisis de los diputados de los cuatro proyectos de Leyes relativos al Proceso Penal, los Tribunales de Justicia, el Proceso Administrativo y el Código de Procesos, debate que contó con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Lazo elogió que cada texto presentado tiene un trabajo muy amplio, dedicado y profundo, que ha tenido en cuenta los criterios de la población,  lo cual fortalece el valor de la participación social.

Dijo que el importante ejercicio participativo facilitará el estudio y análisis de los proyectos de Leyes, con un extraordinario alcance desde el punto de vista jurídico y social.

El presidente del Parlamento resaltó como fueron esclarecidas dudas y planteados problemas medulares, de los cuales se tomaron acuerdos que modifican los textos en algunas de sus partes.

Cambios en defensa de los derechos

Durante el análisis previo del proyecto de ley del Proceso Administrativo, los diputados cubanos realizaron un total de diez propuestas, de las cuales fueron aprobadas un 60 por ciento.

Entre las principales modificaciones realizadas al proyecto se encuentra la ampliación de algunos plazos, para dotar de mayores garantías a las personas y la especificación de que, como regla, las pruebas se practican de forma concentrada en una sola audiencia.

De manera general, se modificaron unos 54 artículos del proyecto de Ley del Proceso Administrativo, con cambios sustanciales en cinco de ellos.

En los debates, se remarcó la necesidad e interés de esta normativa para la ciudadanía, la cual tendrá mayores posibilidades de defenderse en instituciones judiciales de los actos que la ley considera como violaciones de sus derechos por parte de las entidades de la administración pública.

Un código de procesos desde la participación social

El proyecto de Ley denominado Código de procesos se propone, de ser aprobado, remplazar a la vigente Ley número 7 de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, explicó a los diputados el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio.

Afirmó que se modifican 227 artículos, de ellos 22 contienen cambios sustanciales, a partir de las propuestas aceptadas y los restantes fueron perfeccionados en su redacción.

Remigio refirió que entre las principales modificaciones que se realizaron al proyecto de Código de procesos está la determinación de plazos a aquellos artículos que lo dejaban al criterio prudencial del tribunal, salvo tres situaciones en las que no es pertinente.

Así como se precisa la intervención del fiscal y del defensor en los asuntos en que se ventilen intereses de personas menores de edad u otras en situación de vulnerabilidad.

Más de los debates

El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, explicó a los diputados de la Asamblea Nacional que entre las principales modificaciones al proyecto de Ley denominado Código de Procesos, se encuentran las conminaciones económicas y personales que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones jurídicas.

Destacó que igualmente se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del Código de familias.

Remigio informó a los diputados que entre las disposiciones finales está la decisión de poner en vigor la ley el primero de enero del 2022, a partir del consenso de las entidades encargadas de su aplicación.

A su vez se dispone facultar al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo para emitir las disposiciones necesarias a fin de implementar la ley y garantizar su efectiva aplicación.

Responsabilidad civil

El ministro de Justicia, Oscar Silvera, destacó, en el Parlamento, que la futura Ley de Proceso Penal es moderna y muy cubana, que aprecia y recoge lo más avanzado de la ciencia del Derecho procesal penal.

Explicó que da mucho valor al tema de la protección de las víctimas y los perjudicados desde el punto de vista civil, de forma transversal durante todo el proceso, desde la denuncia, la actuación de la policía, los instructores, Fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia que tiene una responsabilidad con la Caja de Resarcimientos.

Agregó que tiene valor determinante la presencia de la víctima o el perjudicado, y la obligación del sancionado de responder, resarcir los daños y de indemnizar los perjuicios que provoca con su hecho delictivo.

En el debate de los proyectos de Leyes, diputados esclarecieron dudas y expresaron sus propuestas.