La Habana, Cuba. El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, abordó el proyecto de Ley de los Tribunales Militares, y señaló que los criterios están en concordancia con los aprobados en la sesión anterior de Ley de Tribunales de Justicia y del Proceso Penal.
Como resultado de la consulta, se recibieron criterios y propuestas de diputados del Parlamento, MINFAR, MININT, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justica, las universidades del país, la población y otros.
Entre las principales modificaciones realizadas al proyecto de Ley de Tribunales Militares está que se consignan expresamente los requisitos para ser juez profesional militar, en lugar de remitir a la Ley de los Tribunales de Justicia.
Además, se adicionan cuatro artículos, entre los que se precisa que los tribunales militares se atienen a las disposiciones del MINFAR en las cuestiones de orden militar.
Genera debates Ley del Proceso Penal Militar
Diversas dudas y aclaraciones suscitó este sábado el proyecto de Ley del Proceso Penal Militar que, de resultar aprobado, reemplazará a la Ley número 6 del 6 de agosto de 1977, vigente en el país.
Entre las modificaciones de esa norma jurídica destaca la parte expositiva para optimizar la calidad de su redacción y la mejor comprensión del texto, a la vez que mejora la redacción de algunos artículos y la sistemática de la ley.
Las regulaciones del proyecto se estructuran coherentemente, por etapas; destacan la ampliación del régimen de acceso y participación del imputado, acusado, su defensor, la víctima y el tercero en todas las fases del proceso.
Asimismo, define el proceso penal militar y su inicio a partir de que se instruya de cargos al imputado, a quien se le comunica de qué se le acusa dentro de las primeras 24 horas en caso de estar detenido.
Por una gestión territorial equitativa y ordenada
En la presentación del proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, la directora jurídica del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Diana Rosa Suárez, destacó la consonancia de la normativa con lo establecido en la Constitución.
Señaló que tras la publicación del anteproyecto se recibieron 111 criterios de los diputados, organismos involucrados, universidades y la población, los cuales permitieron argumentar y reformular varios artículos de la propuesta.
Entre las principales modificaciones realizadas al documento se encuentra la reestructuración de aquellos acápites relativos a los principios y objetivos, con la finalidad de esclarecer y concretar conceptos básicos.
La propuesta de normativa destaca la importancia del ordenamiento territorial y urbano para garantizar asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.