La nación vive desde el sábado último una nueva y complicada etapa en la que se reformará nuestra Ley de leyes. El mandato legislativo otorgado a una Comisión Temporal, que encabezan Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, significa el comienzo de un proceso que se anuncia largo para atemperar a la Constitución cubana a la realidad nacional.

Es una necesidad impostergable para acompañar, desde la ley, al profundo proceso de transformación que significa la actualización del modelo económico cubano y cuyas modificaciones tienen impacto, además, sobre lo político y lo social.

Pero aunque se parte de un estudio previo preparado por un grupo de especialistas, elaborar una nueva Constitución es un asunto trascendente que compete a toda la sociedad que es en definitiva la destinataria de la nueva Carta Magna que regirá la vida cotidiana de los cubanos.

Un asunto de todos

Elaborar una nueva Constitución es una tarea que va más allá de dictar una Ley de leyes. RAÚL decía que será una tarea gigantesca y lo es no solo por el impacto que tiene sobre la sociedad, sino porque significa la revisión de múltiples legislaciones vigentes en diversas áreas.

Hay que examinar cada norma aplicada por la administración central del estado para saber cuáles son las que pueden mantenerse y cuáles entrarían en contradicción con la nueva Carta Magna.

Por otro lado, las discusiones previas harán mover las neuronas a miles de cubanos para enriquecer el Anteproyecto elaborado por la Comisión y aprobado por el Parlamento.

Entonces, tras reanalizarlo todo a partir de las opiniones expuestas, y regresar a la aprobación parlamentaria, habrá un referendo para someter al voto popular una Constitución que se adelanta mambisa y socialista.