La Habana, Cuba.- La política antinmigrante de la administración Trump no se expresa solo en las deportaciones masivas, aunque su carácter violatorio de la integridad de los expulsados sea lo más escandaloso.

El envío sin juicio de más de 200 venezolanos a El Salvador, quienes aún permanecen incomunicados en la megacárcel conocida por las siglas CECOT, ha sido uno de los hechos más abominables.

Pero otras formas más sutiles de discriminación están en marcha, como la intención de gravar con impuestos del 5% las remesas que los indocumentados envían a sus países.

Para el PIB de algunas de esas naciones, las remesas constituyen una de las primeras fuentes de ingreso. Así ocurre a El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, conspira precisamente con Trump para ejecutar el secuestro de los venezolanos deportados… Y está cobrando por eso.

Más reprimidos

Los impuestos al envío de remesas forman parte del proyecto de presupuesto de Estados Unidos para el año entrante, todavía a debate en el Congreso, pues solo tiene el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Se aprobó después de fuerte presión de Trump y también carga la mano contra los inmigrantes, cuando destina 12 mil millones de dólares para reforzar la vigilancia en la frontera.

Es un paso incoherente con la estrategia doméstica de ahorro puesta en práctica por esta administración. Pero satisface el anhelo de los republicanos de militarizar la línea de demarcación.

En medio de esa cruzada antinmigrante, lo que todavía no sale a flote es el costo que representaría para Estados Unidos su ausencia total: esos ciudadanos extranjeros desempeñan los trabajos más duros y mal pagados, que los estadounidenses no quieren. ¿Quién los suplantará?