Agentes federales acaban de exigir documentos a 77 empresas de Estados Unidos, como parte de una gran redada contra los inmigrantes.

La nueva oleada de investigaciones comenzó tres semanas atrás cuando la policía de inmigración llegó hasta centros de trabajo para verificar el status de quienes allí son inmigrantes.

Una reportera de Los Ángeles Times, Alene Teckmedyian, escribió que esos agentes ahora ordenaron a docenas de empresas del Norte de California probar que sus empleados están autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

A las referidas firmas les concedieron 72 horas para entregar los registros demostrativos. Ello, como es de suponer, aumenta las tensiones sobre inmigración que existen en ese país.

Cacería de brujas sigue desatada

James Schwab, portavoz de Inmigración y Control de Aduana, advirtió que si algunos empleadores contrataran a inmigrantes enfrentarían cargos penales o multas y los trabajadores indocumentados estarán sujetos a arresto y deportación.

El vocero señaló que a esos negocios se suman industrias, cadenas y negocios familiares. Algunos centros laborales en San Francisco, San José y otras ciudades recibieron notificaciones de auditoría.

Esas redadas forman parte de la campaña que el presidente estadounidense Donald Trump impulsa contra los inmigrantes con el supuesto fin de «proteger el empleo de los norteamericanos».

De esta manera, la sociedad estadounidense deviene, para millones de sus habitantes, una gran plaza atrapada por el terror y tierra fértil para la irrupción de la esquizofrenia colectiva.