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La Habana, Cuba. – Los 4 proyectos de leyes del Tribunal Supremo Popular, que serán analizados en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, responden a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República.

Se trata de las leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Penal, del Administrativo y del Código de Procesos, normas modernas atemperadas a nuestra realidad y con las peculiaridades propias del sistema económico, político y social cubano, que tienen en cuenta convenciones, protocolos y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es signataria.

Hoy le proponemos conocer las novedades de los proyectos: Ley del Proceso Penal y el Código de Procesos. Con la primera se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer presuntos hechos delictivos.

La Ley del Proceso Penal establece que los incriminados conozcan las imputaciones en su contra y designen abogado desde el inicio del proceso, propongan pruebas, examinen el expediente y participen en diligencias de investigación.

Las víctimas o perjudicados del delito pueden formar parte en el proceso y se le confieren derechos y garantías como nombrar abogado que los represente, proponer pruebas, asistir al juicio como ayudante del fiscal, ejercitar la acción civil resarcitoria o de reparación de daños y perjuicios. Posibilita además que el acusado exprese su conformidad con la acusación y la sanción que solicite la fiscalía, y el tribunal dicte sentencia, sin necesidad de realizar el juicio oral y público.

En el caso del Código de Procesos reconoce como vía de solución de conflictos a la mediación, y dispone que el tribunal adopte las acciones necesarias para la protección de las personas vulnerables. A esta norma se incorporan nuevas medidas cautelares relativas a los bienes, las personas y las familias, como el inventario de bienes y la anotación preventiva en un registro público. Prevé el cambio de actividad o de condiciones laborales de la víctima de hechos de violencia, cuando la permanencia en ellas suponga su revictimización.

Incluye además la asignación de la guarda provisional de los menores de edad a uno de sus padres, abuelos, parientes o allegados con una sólida relación afectiva. Sobre las leyes de los Tribunales de Justicia y del Proceso Administrativo, que serán analizados durante la sesión del Parlamento cubano prevista para los días 27 y 28 de octubre, les proponemos conocer próximamente.