La Habana, Cuba. – El país prevé una Ley de Empresas, cuya aprobación -prevista para diciembre del año en curso- tendrá como preámbulo el debate y discusión del anteproyecto en la sesión plenaria de ese mes en el seno del Parlamento cubano.
En esa normativa se trabaja desde 2022 con el propósito de concretar sus bases. Asimismo, como sucede con cada nueva norma, antes de su aprobación será consultada en todo el país para enriquecer el documento inicial que en estos momentos se encuentra en proceso de preparación para someterlo a la valoración de la dirección del país, teniendo en cuenta lo establecido sobre el tema en la Constitución de la República, los Lineamientos aprobados en el VII Congreso del Partido y en la conceptualización del modelo económico cubano, como guía para sentar los principios de la nueva legislación.
Una Ley abarcadora
La nueva Ley de Empresas que se someterá a discusión comprenderá, entre sus objetivos y principios, la descentralización y movimientos organizativos, las formas de asociación o expansión, el régimen económico, la autonomía, las relaciones financieras con el Estado, la participación de los trabajadores y los órganos de dirección, además de la responsabilidad social, el control y la auditoría interna, entre otros aspectos vinculados con la Empresa Estatal Socialista.
Tendrá protagonismo en la economía cubana como principal aportadora de bienes y servicios, que deberá caracterizarse por su eficiencia y eficacia.
La Ley pondrá en su lugar sus misiones, gobernanza, juntas de gobierno y las de Organización Superior de Dirección Empresarial, además de la asignación de recursos y facultades para promover la inserción internacional y crear negocios con inversión extranjera.
¿Por qué una Ley de Empresas?
Desde finales del año pasado entró en vigor un nuevo conjunto de normas jurídicas que conceden mayores beneficios a la Empresa Estatal Socialista. La Ley de Empresas que se aprobará en diciembre venidero completará todo el ordenamiento normativo y jurídico de la nación cubana en la ruta hacia la renovación económica.
Asimismo, pondrá a las entidades nacionales en mejores condiciones para enfrentar las transformaciones estructurales del sector estatal.
Las normativas aprobadas recientemente constituyen el soporte de las empresas que se encuentran en perfeccionamiento y de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, dirigidas a sentar las bases para dicha Ley e indispensables para completar todo el ordenamiento normativo y jurídico en la ruta hacia la renovación económica que necesita el país.