El 12 de marzo de 1996, el mandatario estadounidense William Clinton promulgó la Ley Helms-Burton. Reparemos en la fecha. Muchos en el mundo preveían el colapso de la Revolución Cubana, tras el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista en Europa.

La economía en la isla tocó fondo, perdió sus asideros principales, y el llamado período especial significó un golpe tremendo. Con su acostumbrado oportunismo, Washington vio llegado el momento para hacer acentuar en Cuba la agonía del estrangulamiento.

Por eso apareció la Helms-Burton, para reforzar el bloqueo y su carácter extraterritorial. Clinton decidió entonces suspender temporalmente la aplicación del Título III de esa legislación.

Quienes lo sucedieron en la Casa Blanca hicieron lo mismo. Hasta que Donald Trump aprobó su entrada en vigor en 2019.

Irrespeto al Derecho.

Sólo cuando casi estaba al traspasar defintivamente las puertas de la Casa Blanca, Joe Biden anunció que suspendía la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Pero Donald Trump de inmediato dio marcha atrás a las decisiones de Biden respecto a Cuba. Reactivó el controvertido acápite, que permite a estadounidenses demandar en cortes a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución.

Recordemos que entonces Cuba acordó compensaciones a empresas extranjeras, pero Estados Unidos optó por la confrontación. Y el artículo III de la Helms-Burton busca impedir las inversiones extranjeras aquí.

Trump ignora a quienes advierten que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el Derecho Internacional y provoca fricciones innecesarias.