El magnate neoyorquino Donald Trump ha vuelto a instalarse en la Casa Blanca, y con su habitual arrogancia comenzó de inmediato a desmontar o romper pactos internacionales, y a acentuar tensiones con su abierto expansionismo en un mundo ya en extremo convulso.

Y por supuesto, mostró premura en retomar las posiciones más agresivas del gobierno de Estados Unidos hacia el pueblo de Cuba.

Posiblemente, un siniestro personaje como el político de ascendencia cubana Marco Rubio -aupado por el propio presidente estadounidense como Secretario de Estado- tuviera un episodio de taquicardia cuando su jefe revocó, cuanto antes, las órdenes ejecutivas sobre Cuba, firmadas por su predecesor Joe Biden el 14 de enero último, apenas unos días antes de abandonar la Oficina Oval.

La intención es clara: de vuelta a la política de coerción, de máxima presión contra la isla.

Un arma política.

Tal vez muchos ciudadanos estadounidenses ignoren la aberrante Ley Helms-Burton, pero para los cubanos, es un nombre muy conocido, porque es sinónimo de hostilidad e intimidación. Aprobada en 1996 como columna vertebral del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba, es un instrumento jurídico, pero sobre todo político.

Es un engendro de carácter extraterritorial, que coacciona y sanciona para interrumpir relaciones comerciales de nuestro país con otras naciones.

La Ley Helms-Burton es injerencista, violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional. Fue práctica que su título III dejara de aplicarse hasta 2019…, cuando el presidente estadounidense de entonces, Donald Trump, lo activó.

Joe Biden solamente lo contradijo días antes de dejar el puesto, y Trump, apurado, lo restituyó.