La Ley Helms-Burton es, en primera instancia, un ultraje a la soberanía. La intención de compensar a posibles reclamantes de propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba con el triunfo de la Revolución, apenas rebasa la categoría de pretexto, aunque sea probablemente el argumento que mayor revuelo ha causado.

Quizá porque su amenaza implica daños a terceros. Pero los pretextos casi nunca pasan de eso, más allá de intimidar a los intimidables y de sembrar incertidumbres.

Lo esencialmente caótico de esta Ley, como han asegurado varios especialistas, está en su espíritu colonizador, en su hambre expansionista al más fiel estilo imperial.

Este instrumento legislativo niega, en términos de soberanía, todo aquello que Cuba ha conquistado para su gente y que también ha consagrado en su Ley Suprema con el respaldo mayoritario del pueblo.

Auténtico ejercicio de soberanía

La Carta Magna, que en pleno ejercicio de libertad los cubanos aprobamos, define, desde su primer artículo, que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad.

También se condena el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo u otras formas de sometimiento, en cualquiera de sus manifestaciones.

¿Y acaso la aplicación de todos los títulos de la Ley Helms-Burton no es un intento de vasallaje?

Desde la Constitución se condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, cualquier forma de coerción económica o política, los bloqueos unilaterales violatorios del Derecho Internacional u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados.