La Habana, Cuba. – El Parlamento cubano aprobó recientemente 4 nuevas leyes de los Tribunales Populares, entre ellas la Ley del Proceso Administrativo, que por el interés mostrado por algunos lectores, comentamos hoy sus principales novedades.
La norma responde a lo refrendado en la Constitución de la República de Cuba, que reforzó los derechos y garantías de las personas, como el acceso a la justicia y la reparación o indemnización por daños o perjuicios de directivos, funcionarios o empleados del Estado, entre otros. Así señalan los Artículos 98 y 99 de la Carta Magna, donde además se expresa que ante las faltas ocurridas, los ciudadanos tienen derecho a reclamar ante los tribunales y de obtener de conformidad con la ley, la restitución de sus derechos.
En correspondencia con lo dispuesto por la Constitución de la República, la Ley del Proceso Administrativo, pondera el derecho a reclamar contra actuaciones, omisiones o decisiones de directivos, funcionarios o empleados, en el ámbito de sus funciones administrativas. En el cuerpo legal aparece que el objetivo de las reclamaciones podrá ser la rectificación de los actos, omisiones o decisiones administrativas o la reparación de los daños y perjuicios que los funcionarios o empleados de la Administración Pública causen, indebidamente, con su actuación.
La nueva Ley del Proceso Administrativo exige que, para poder acudir al tribunal, primero es necesario reclamar ante la autoridad administrativa superior al supuesto responsable. No podrán ser objeto de reclamaciones por esa vía las cuestiones de índole militar, de Defensa Nacional, las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y desastres.
También se exceptúan de ese tratamiento los Acuerdos del Parlamento y del Consejo de Estado; entre otros asuntos que no resulta pertinente su tramitación en ese ámbito. La novedosa norma se corresponde también a convenciones, protocolos y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es signataria y encuentran aplicación en nuestro contexto. Esta disposición, al igual que las otras aprobadas por los Diputados cubanos, son leyes modernas que se corresponden con nuestra realidad y con las peculiaridades propias del sistema económico, político y social en Cuba.