La Habana, Cuba. – En el recientemente aprobado Decreto Ley 35 sobre las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el uso del espectro Radioeléctrico, centró su análisis de este jueves el espacio de la Mesa Redonda.
El viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, destacó que ese nuevo marco legislativo, que comprende la norma jurídica de rango superior y otras disposiciones complementarias, responde a varios factores como el rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación.
Su contenido se encuentra en consonancia con la Política integral de Informatización de la Sociedad Cubana y lo planteado en la Constitución de la República, que posee una veintena de artículos referentes a temas que aborda el Decreto.
El vicetitular señaló además, que las nuevas leyes se corresponden con los documentos rectores de la Unión Internacional de Comunicaciones.
Beneficios de la norma
El viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, destacó que el nuevo Decreto Ley 35 comprende múltiples beneficios para la ciudadanía, pero es necesario que las personas hagan una lectura detallada de lo que se legisla.
Desde su inicio, la norma hace una declaración explícita de su función a favor de los derechos de los ciudadanos, alegó Rodríguez, y argumentó que el Ministerio de Comunicaciones adquiere nuevas responsabilidades en defensa de esos derechos.
Una de las bondades de la normativa jurídica es precisamente que legisla todo lo referente a la seguridad de los usuarios en los espacios virtuales y a la obligatoriedad de los proveedores de brindar los servicios de telecomunicaciones.
Añadió el viceministro que el propio Ministerio debe velar por que se cumplan los parámetros de calidad de esos servicios, además de atender y dar respuesta a todas las reclamaciones de la población.
Impacto positivo
El recientemente aprobado Decreto Ley 35 insta a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones en Cuba a incluir servicios de valor agregado con un impacto positivo para la población.
Así trascendió en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, donde el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, añadió que la nueva norma jurídica impulsa el desarrollo de varias prestaciones como la de banda ancha y la de televisión digital terrestre.
De igual manera, refleja la necesidad de involucrar a la industria nacional en la creación de equipos necesarios para el sector y evitar importaciones, explicó el vicetitular del ramo.
Rodríguez destacó que el Decreto Ley 35 y las normativas complementarias publicadas la pasada semana abogan también por el aprovechamiento de la actividad por cuenta propia e incluyen un grupo de acciones relacionadas con la protección del medio ambiente.
Contribuir al bienestar social
El Decreto-Ley 35 plasma la voluntad del estado cubano de promover la utilización ética y responsable de las telecomunicaciones para asegurar el bienestar de la población y el desarrollo social, afirmó en la Mesa Redonda, el Director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, Wilfredo López.
Destacó el funcionario, que la norma contribuye a regular las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y en la mejora de la calidad de vida.
El Decreto-Ley 35 protege los intereses de los ciudadanos mediante el aumento de la ciberseguridad, para que no se atente contra el orden interior, puntualizó.
Garantiza además, la ampliación de servicios e infraestructura y la protección de los datos, como parte del servicio universal de las telecomunicaciones, añadió el experto.
Mirada hacia la ciberseguridad
El desarrollo global de las telecomunicaciones ha impuesto un reto colosal a los diferentes gobiernos; Cuba no escapa a esa situación en un contexto de agresión y bloqueo estadounidense.
Pablo Domínguez, director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, destacó que en nuestro país siempre ha existido un mecanismo para enfrentar y responder incidentes de ciberseguridad.
Por ello, acotó la importancia de la resolución 105, norma que permite a las personas naturales notificar un incidente de ciberserguridad, ya sea por daños éticos y sociales, elementos que llamen al desorden, así como mensajes de odio y violencia.
El abogado Rolando Arturo Pérez de Alejo, por su parte, insistió en que no podemos ser ingenuos espectadores, ya que gran parte de los hechos graves ocurridos en nuestra sociedad se gestan en la plataforma virtual.