Lima, Perú. – La crisis política que atraviesa Perú ya dejó un saldo provisional de dos muertos, una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y un clima de violencia por las represiones policiales que sufren las protestas masivas de ciudadanos que están a favor del expresidente Pedro Castillo y en contra de la nueva presidenta, Dina Boluarte.

Asimismo, hay incertidumbre sobre el futuro de Castillo, pues México insiste en otorgarle asilo, pero la Justicia peruana quiere juzgarlo por presunta corrupción y  delitos que habría cometido el miércoles pasado.

Ese día anunció la disolución del Congreso y un gobierno de emergencia excepcional que no recibió el apoyo de ninguno de los poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– ni de las Fuerzas Armadas.

En ese momento, terminó de estallar la tensión que prevalecía en Perú desde que Castillo asumió en julio del año pasado, y el clima de crispación solo ha ido en aumento.

Presentan denuncia contra Pedro Castillo

La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes una denuncia constitucional contra el vacado expresidente Pedro Castillo, a través de un escrito enviado a la mesa de partes del Congreso.

Según la demanda, el exmandatario habría incurrido en los presuntos delitos de rebelión y conspiración la semana pasada, cuando decretó un estado de excepción y disolvió el Congreso,  medidas que precipitaron su caída y detención; la acusación también va en contra de la exjefa del Gabinete ministerial Betssy Chávez y el ministro Willy Huerta.

Benavides introdujo el escrito un día después de que el Congreso resolviera retirarle el fuero a Castillo, lo que facilita su procesamiento judicial sin un previo antejuicio político.

El desafuero faculta a la Fiscalía  efectuar una detención preventiva contra el exmandatario, quien ha solicitado asilo a México y denuncia ser víctima de un plan maquiavélico en su contra.