La Paz, Bolivia. – Ataúdes y cuerpos sin vida en las calles del departamento de Cochabamba, Bolivia, son la mayor prueba del colapso del sistema funerario y otra muestra de la incapacidad del gobierno de facto para enfrentar la pandemia.

Numerosos decesos también se registran en las viviendas sin haber sido diagnosticados con el nuevo coronavirus y, ante las demoras de las autoridades de salud para hacer las pruebas, emitir los resultados y los certificados de defunción, son violados los protocolos de bioseguridad para el entierro de los fallecidos.

Aunque el territorio cochabambino no es el que reporta más contagios, los cadáveres permanecen en sus domicilios entre 20 y 30 días y la cifra va en aumento.

En Bolivia la falta de insumos de bioseguridad y protección para el personal de salud, medicamentos, test de pruebas y políticas eficientes, se suma la incapacidad gubernamental de dar un entierro digno a sus muertos.