La Habana, Cuba. – El Parlamento aprobó la Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa, en sesión con la presencia del General de Ejército Raúl Castro y del primer secretario del Partido y presidente, Miguel Díaz-Canel.
La Contralora General, Gladys María Bejerano, presentó el proyecto de ley, que actualiza la vigente y ratifica la misión fiscalizadora de ese órgano del Estado como componente del sistema de dirección del desarrollo económico y social.
El documento avala el papel del control interno y externo, a fin de asegurar la eficiencia de las entidades, acorde con los principios de nuestro socialismo, al exigir una actuación ética de jefes y colectivos laborales.
En ese sentido -como expuso la Contralora General- la nueva normativa jurídica tiene por objetivo de primer orden frenar y liquidar las manifestaciones de corrupción.
Fortalecer el control y la exigencia
La Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa, aprobada por el Parlamento, permitirá avanzar en la aplicación de métodos de dirección participativos, eficaces e innovadores.
Así fue reconocido por el dictamen de las comisiones de asuntos económicos y constitucionales y jurídicos, al considerar que la nueva normativa contribuirá a la creación de una cultura de control y prevención en las administraciones.
Igualmente, elogió el sentido de consagración, responsabilidad y exigencia con que se desempeña la Contralora General de la República, Gladys María Bejerano.
Garantías de derechos en la expropiación de bienes
Esta legislación también establece las bases para determinar la utilidad y la necesidad de tal expropiación, que no es una prerrogativa solo del Estado cubano, sino que existe en las constituciones y leyes de la mayoría de los países.
Al presentar la Ley, la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, explicó que la misma dispone cuáles serán las entidades facultadas para declarar la utilidad pública o social, y por ello garantiza la protección del derecho de propiedad.
En ese sentido, resaltó que la normativa garantiza no solo la propiedad de las personas naturales, sino también de los inversionistas extranjeros en el país.
Por el bien común
Explicó que la tasación será sobre la base del valor real del bien al momento de declararse la expropiación, lo cual brinda una mayor protección a los propietarios.
Como otra garantía, Bolaños puntualizó que el propietario puede impugnar la declaración de utilidad pública o interés social, y revertir el proceso si en un término de 3 años no se le da, al bien expropiado, el destino para el cual se declaró.
Se trata de una Ley que ordena, robustece y recoge todo el alcance de las garantías de vida del procedimiento para la expropiación, y al propio tiempo ratifica que se aplicará como única alternativa con el objetivo de responder al bienestar general del país.