La Habana, Cuba. – Tampoco han corrido buena suerte los pescadores latinoamericanos interceptados por el Comando Sur que no han sido asesinados.
Cierto que algunos han logrado salvar la vida, mientras unos 250 resultaron muertos desde el año pasado por los bombardeos contra sus embarcaciones en los mares Caribe y Pacífico: ese es el saldo de un patrullaje naval ilegal que se escuda en la mentirosa cruzada de Donald Trump contra lo que llama “el narcoterrorismo”.
Los ocupantes de las lanchas interceptadas han sido detenidos, lo que brindó cierto alivio a quienes contemplaban las ejecuciones extrajudiciales cometidas hasta el momento contra sus colegas de faena.
Sin embargo, también los sobrevivientes sufrieron atrocidades, como lo revelarán este lunes 16 ciudadanos ecuatorianos que han decidido presentar una demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos ante un Tribunal de Distrito en Pensylvania.
El valor de la denuncia
Claro que la acusación de pescadores vejados por Washington, no va a representar un castigo para los hacedores de esa política.
Hace unos días, el Congreso desestimó un pedido de juicio político contra el ministro de la Guerra, Peter Hegseth, aunque eso cambiará cuando los legisladores que harán la mayoría demócrata tomen posesión en enero. En ese contexto, la denuncia de las víctimas añade peso a la derrota republicana del pasado día tres.
Los pescadores han revelado que su embarcación fue bombardeada por drones, y ellos secuestrados por los militares estadounidenses. Otra vez sin pruebas, fueron enviados a un centro de detención de migrantes en El Salvador.
Este detalle arroja más luces acerca del desconocimiento del Derecho por parte de una administración cuya política exterior, por los motivos que sean, está siendo cuestionada.