Acompañar la demanda de fin del bloqueo es más que un acto solidario, reforzado por la convicción de que la política estadounidense de asedio contra Cuba inflige sufrimientos a sus ciudadanos que nadie puede soslayar.

Respaldar esa exigencia, además, es defender la ley, la vigencia del burlado Derecho Internacional, el respeto a la soberanía, y a la vida. Es evitar que el uso de medidas coercitivas para presionar a poblaciones enteras, forzar sediciones y cambios de gobierno, se siga extendiendo como estrategia de pretendida dominación sobre otros países.

Quien siguió las intervenciones de las dos jornadas que precedieron a la votación de la Resolución cubana y su contundente respaldo este miércoles, ha podido comprobar que la comunidad internacional está plenamente convencida de que el bloqueo contra Cuba es criminal, ilegal, y debe cesar.

Más que restricciones

Pero la guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país excede al bloqueo. Se trata de una política endurecida no solo por la sedimentación de más 60 años de persecución y restricciones a nuestras finanzas y al comercio, con sus consiguientes daños a la economía.

Además, instrumentos implementados después como la LEY HELMS-BURTON certificaron su carácter extraterritorial, y pretenden cercenar la libertad de acción de terceras naciones que se niegan a ser piezas de esa estrategia. Más recientemente, la inclusión de Cuba en la mentirosa lista de países promotores del terrorismo impuso nuevos cercos, y revela que el propósito de WASHINGTON es hallar nuevas e insostenibles excusas para justificar su agresión. La comunidad internacional es consciente de ello. Y por XXXII vez proclamó que se niega a aceptarlo.