La nominación de terroristas que Donald Trump ha adjudicado a ocho cárteles de la droga, supone amenazas a la región, y particularmente a México, país con el que comparte frontera, y de donde proceden seis de esos grupos criminales.

El Presidente de Estados Unidos dice que quiere acabar con la entrada a su país de sustancias ilegales, particularmente, el Fentanilo.

Pero las facultades que se adjudica autorizan el uso de la fuerza militar contra las bandas, fuera de su territorio. Preocupa la posible violación del espacio de otras naciones.

Dos cambios en la estrategia de Washington en la materia se observan con la entrada en vigor, este jueves, de la clasificación dada a los cárteles: la lucha contra el narcotráfico se convierte en cruzada contra el terrorismo —de triste recordación—, y la falsa cruzada antiterrorista suma como blanco al narcotráfico.

Militarizar no resuelve.

La decisión que permitirá usar a los militares tras las bandas se suma a la criminalización de los indocumentados, las deportaciones masivas y la emergencia decretada en la frontera con México.

Esas medidas legalizan una estrategia violenta y represiva frente a males que exigen otras soluciones. Las guerras que el expresidente George W. Bush desplegó contra Afganistán e Irak en los años 2000 —presuntamente contra el terrorismo—, ilustran hasta dónde pudieran llegar los pasos de esta administración, en el propósito declarado de acabar con los grupos ligados al narcotráfico.

Además de México, otros dos países latinoamericanos están implicados: El Salvador y Venezuela, donde nacieron dos de las bandas perseguidas. Ningún gobierno se opondría a colaborar contra el crimen. Pero ninguno, tampoco, pudiera permitir que se violara su soberanía.