La Habana, Cuba.-  Transcurrido poco más de dos años desde el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el bloqueo sigue siendo el principal obstáculo entre Washington y La Habana.

Casi un millón de millones de dólares ha costado a la isla el cerco mantenido por las sucesivas administraciones que han convivido con la Revolución Cubana.

En un acto de prestidigitación política, todos esos gobiernos han disfrazado el bloqueo como un embargo, una forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente, aunque puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial, con igual propósito de hacer cumplir a un deudor con los acreedores.

Sin embargo, Cuba ni es deudora, ni ha cometido delito alguno que autorice el secuestro y liquidación de sus bienes a favor de Estados Unidos, por lo que hablar de embargo es sólo un eufemismo.

Medida de guerra

En el empeño de acabar con la Revolución Cubana, Estados Unidos apeló a un cerrado cerco convertido en la más flagrante y masiva violación de los derechos humanos de un Estado.

Desde la Conferencia Naval de Londres, en 1909, es un principio aceptado por el derecho internacional que el bloqueo es un acto de guerra, cuyo empleo sólo es posible entre beligerantes.

Además no existe norma jurídica internacional que justifique el llamado bloqueo pacífico, una práctica de las potencias coloniales desde inicios del siglo XX.

Washington emplea hoy la figura del embargo para no reconocer que nos aplica medidas de tiempo de guerra, sin declarar legalmente la beligerancia contra el pueblo de la isla.

Así, el llamado embargo encubre un entramado de leyes que conforman un oprobioso cerco alrededor de Cuba, y por eso esa calificación es una verdadera patraña.