La Habana, Cuba. – Desde el triunfo de enero, la defensa de los consumidores fue otra batalla del joven gobierno revolucionario. Por eso, apenas un año después de instalado en el poder, en enero de 1960, se dictó una Ley de Protección al Consumidor, primer intento por poner orden en el mercado interno.

Entonces se buscaba evitar el encarecimiento injustificado de la vida e impedir toda forma de especulación y que los vendedores privados se aprovecharan de la escasez de mercancías.

Mucho ha llovido desde allá hasta ahora, y mucho también ha variado el escenario económico cubano. Aunque la actual Constitución y los Códigos Penal y Civil recogen artículos que defienden los derechos de los clientes, todavía el sistema comercial cubano no ha logrado lo que se esperaba.

Una herramienta a favor del consumidor

La vida ha demostrado que no basta con tener leyes que defiendan a los consumidores y sancionen a los violadores.

Si nadie aplica esas legislaciones, se convierten en letra muerta y es como si no existieran. Ahora, la Resolución 54-18 del Ministerio de Comercio Interior ha llegado y está en vigor desde el pasado día 3 para intentar poner orden en la Protección al consumidor.

Esa norma, asumida por la Fiscalía, es válida  para todas las entidades que ofrecen a la población bienes y servicios, además de ser extensiva a los ministerios de la Agricultura, Turismo y de Cultura.

Solo la aplicación efectiva de esa resolución ayudará a conjurar el engaño y las ilegalidades que rompen el bolsillo de los clientes, y la ley entonces pasará a ser un escudo ante el maltrato y la ineficiencia.