La Habana, Cuba. – Desde el viernes último se integró a la Gaceta Oficial la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acción que marca un hito en el ordenamiento jurídico cubano al establecer por primera vez un marco normativo integral para el ejercicio de ese derecho ciudadano, consagrado en la Constitución.

Dicha norma responde a la necesidad de implementar de manera organizada los derechos y deberes recogidos en los artículos 53 y 97 de la Carta Magna.

Aunque esta última reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia, no existía hasta ahora ninguna disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse.

Esa brecha normativa se cubre ahora con la nueva disposición.

Compromiso constitucional

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa también una oportunidad para refrendar compromisos internacionales asumidos por Cuba, entre ellos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción Administrativa y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el ámbito nacional, la norma se articula con los Lineamientos de la Política Económica y Social, específicamente con el que impulsa la consolidación de los sistemas institucionales de gestión documental y archivo como base para una administración pública más transparente.

Asimismo permite interconectar un conjunto de normativas que hasta ahora coexistían de manera dispersa, entre ellas la legislación sobre los archivos de la República, las disposiciones relativas a la información oficial y clasificada y la Ley de Comunicación Social.