La Habana, Cuba. – Sin antecedentes normativos en el país, la Ley de Procedimiento Administrativo corrige elementos negativos como el exceso de documentación, contribuye a eliminar el burocratismo y complementa la Constitución como fruto de la necesaria reforma administrativa y judicial.
Dicha normativa concentra contenidos dispersos en otras disposiciones y permite alcanzar un funcionamiento administrativo más eficiente, apegado a la legalidad y la buena administración.
La Ley de Procedimiento Administrativo deviene eficaz mecanismo contra la corrupción, fortalece la gestión pública, indispensable para construir una sociedad más justa y equitativa, y exige una capacitación adecuada de todos los servidores públicos en su conocimiento.
Es una norma de balances que trata de entender las necesidades de la gestión pública cubana y la obligatoriedad del servicio público.
Ley de fácil comprensión
Sistemáticamente, bien ordenada y de fácil comprensión, la Ley de Procedimiento Administrativo establece la regulación del procedimiento administrativo que rige, con carácter general, la actividad administrativa de los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación.
También los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con esos sujetos; y la validez y eficacia de las actuaciones administrativas.
Asimismo, determina el procedimiento administrativo sancionador, el régimen de responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
Igualmente, la impugnación en vía administrativa de las actuaciones administrativas.