La Habana, Cuba. – Hacía algún tiempo no se veía en Panamá un movimiento de protestas tan persistente como el que enfrenta ahora el gobierno de José Raúl Mulino.

Su decisión de reprimir la huelga general decretada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria y la Construcción, y de ilegitimar a esa organización, solo ha expandido más el rechazo al ejecutivo.

Entre otras demandas, el paro fue convocado para rechazar una ley que afecta al seguro social al entregar sus fondos a la banca y elevar la edad de jubilación, y en repudio al Memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, que ha dado prerrogativas al paso de los buques de ese país por el Canal.

Lejos de detener las marchas, mítines y paros mantenidos por más de un mes, la represión ha hecho que las acciones populares se incrementen con la adhesión de nuevos sectores gremiales y sociales.

Imparables

El pueblo panameño tiene una historia de luchas que está saliendo a flote frente a la política neoliberal del ejecutivo de Mulino, agravada por su actitud poco firme ante las presiones de Donald Trump, y sus amenazas de retomar el control sobre el Canal.

La represión, incluyendo la persecución contra importantes líderes sindicales, solo ha enardecido a quienes se muestran inconformes.

Este viernes, una nutrida marcha convocada por distintas organizaciones sociales se dirigió hacia la sede del Gobierno para denunciar, además, la criminalización de la protesta y lo que llamaron «un estado policíaco» que está reprimiendo con violencia.

Otras voces han advertido que existe el intento de convertir a Panamá en un protectorado de Estados Unidos. La ola de indignación parece imparable a menos que el ejecutivo de Mulino actúe rápido. Pero no reprimiendo.