La Habana, Cuba. – El Taller Internacional sobre Ejecución de Decisiones Judiciales fue inaugurado en La Habana con las palabras de bienvenida del Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.

Significó el titular del máximo órgano judicial, la importancia del encuentro que sesiona durante miércoles y jueves, pues su tema central posee una significativa trascendencia en la implementación de la profunda reforma procesal y judicial que acontece en Cuba.

Al referirse a las leyes que entrarán en vigor a partir del 1ro de enero, Remigio Ferro destacó que, “Las nuevas normas, aprobadas por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, refuerzan los derechos humanos en temas de garantías tan importantes como el acceso a la justicia, el debido proceso y otros reconocidos en nuestra Carta Magna”.

Este evento científico es el primero presencial que se organiza entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Cuba y el Tribunal Supremo Popular (TSP), con la cooperación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH).

La primera de las ponencias del taller a cargo de Marcos Bermúdez Ávila, magistrado y miembro de la Red Judicial Española de Cooperación, abordó la ejecución de las decisiones judiciales en España con un acercamiento a la legislación cubana.

El programa incluyó la presentación por la Dra. en Ciencias Jurídicas, Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del TSP, del trabajo titulado: “Perspectiva sobre la ejecución de la sentencia penal en Cuba: una mirada desde la Constitución”.

En su exposición, la magistrada explicó que, en nuestro país, la ejecución de la sanción penal se realiza bajo el cumplimiento, entre otros, de los principios de humanismo, respeto a la dignidad humana, acceso a la justicia y debido proceso, tal y como mandata nuestra ley de leyes.

Los jueces cubanos y españoles intercambiaron sobre las nuevas leyes de los tribunales de justicia, del Proceso penal, del Proceso administrativo y el Código de Procesos, las cuales son el reflejo de cómo Cuba garantiza y aboga por el cumplimiento de los derechos humanos.