La Habana, Cuba. – La Ley de Ejecución Penal, aprobada en el mes de mayo por el Parlamento cubano, persigue como objetivo principal la resocialización del sancionado a través de un tratamiento particularizado e integrado.

En la atención personalizada con los derechos y garantías refrendados en la Constitución intervienen varios factores de la sociedad, realzando la responsabilidad del Estado en la labor de cuidado, prevención y asistencia social.

Esta disposición se erige sobre los principios básicos de legalidad, humanismo, igualdad, derecho a la defensa, acceso a la justicia, impugnabilidad, proporcionalidad y progresividad de conformidad con los postulados constitucionales.

Se refuerzan las garantías del debido proceso de los imputados, acusados, sancionados y asegurados, al reconocerse los derechos y beneficios que les asisten durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.