La Habana, Cuba. – La Administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en marcha una nueva ofensiva legal contra la población migrante al amparo de una reinterpretación jurídica del Departamento de Justicia.

La medida busca chantajear a los estados del país obligándolos a reportar ante el Departamento de Seguridad Nacional la presencia de personas indocumentadas.

De no acatar esta exigencia, las entidades territoriales se enfrentan a la pérdida de recursos federales vitales destinados a programas que sustentan el alimento y la supervivencia de familias vulnerables, ancianos y personas con discapacidad.

La medida forma parte del endurecimiento de las políticas punitivas del régimen de Washington contra la migración, utilizando la retención de fondos de ayuda social como herramienta de chantaje político contra aquellos estados que rechazan convertirse en brazos ejecutores de las deportaciones.

Con información de PL