A partir de 2023, el Anteproyecto de Ley de Salud Pública pasará por un proceso de divulgación y consulta, a fin de derogar la actual Ley 41, vigente en el país.
Su contenido se dará a conocer entre los meses de enero y marzo para someterla a debate entre los trabajadores del sector, los Diputados y la población en general, y luego presentarlo en la Asamblea Nacional, como declaró el ministro, José Ángel Portal, durante la reciente sesión del Parlamento.
La nueva normativa ratifica a la Salud Pública como derecho del pueblo, además de defender las garantías constitucionales de las personas.
De igual forma incorpora la ética y los valores como parte de la formación y el ejercicio de dicha profesión, a la vez que reconoce el aseguramiento económico-financiero planificado para los servicios de Salud.
Una ley para el perfeccionar el sistema de salud cubano
El Anteproyecto de Ley de Salud Pública que se someterá a consulta en enero próximo, también actualiza sobre la organización y obligaciones del Estado y Gobierno cubanos para garantizar el funcionamiento de los servicios accesibles, gratuitos y con calidad, así como los deberes de los usuarios.
Asimismo anuncia el reconocimiento de la eutanasia como derecho de las personas a una muerte digna, cuyo proceder demanda una disposición jurídica de rango superior.
La propuesta legislativa fortalece el derecho a la terminación voluntaria del embarazo asociado no sólo al proceder médico, sino a condiciones seguras, con mayor protección jurídica, pues aun cuando en la práctica se garantiza, no constaba de manera expresa; también pondera la planificación familiar y la prevención y promoción de salud con un enfoque integral y preventivo.
Por una vida plena para todos
Desde 2019, profesionales de distintas especialidades del sector sanitario en el país trabajan en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública.
Este último se someterá al consenso y, con más de 40 artículos, procederá su aprobación definitiva en el seno del Parlamento.
Junto con los temas expuestos, incorpora otros relacionados con la violencia, los cuidados que recaen en las mujeres, la reproducción asistida, la planificación familiar y la anticoncepción, los derechos de las personas en situación de discapacidad, y de las niñas y los niños.
Se trata, pues, de actualizar la Ley 41 de Salud Pública y ofrecer más garantías a la población, al contar con mayor protección en un cuerpo legal más avanzado que la normativa anterior, en correspondencia con nuestra realidad contemporánea.