La Habana, Cuba. – Con los primeros esfuerzos prácticos por alcanzar la independencia de Cuba, surgieron, así mismo, los anhelos por dotar de legalidad todos los pasos encaminados hacia tal objetivo.

Resultado imprescindible un cuerpo de leyes que cohesionara el empeño por fundar una nación; máxime cuando muchos de sus directivos eran intelectuales, incluso letrados, como el iniciador de las gestas libertarias Carlos Manuel de Céspedes y el insigne camagüeyano Ignacio Agramonte.

De esta forma, en abril del 69, en el poblado de Guáimaro se aprueba la primera Carta Magna, que estatuía la República en Armas, la cual proclamaba la libertad e igualdad de todos los hombres, fijó los órganos de gobierno y reconoció la importancia de la lucha por la independencia.

A esta Ley de Leyes le seguiría la de Baraguá en el 79, y la Jimaguayú en plena guerra necesaria.

Un paso de avance

La Constitución de Jimaguayú se aprobó el 16 de septiembre de 1895.

En representación de los principales cuerpos de ejército, exceptuando al occidente del país, 20 delegados debatieron, redactaron y aprobaron la nueva Carta Magna que regiría los destinos de la guerra por la independencia y soberanía de la cuba insurrecta.

La Constitución de Jimaguayú consta de 24 artículos rectores, entre ellos, algunos que salvan las contradicciones entre el mando civil y el militar, aprovechando la experiencia de la guerra de los Diez Años.

Si bien no tuvo presente todos los preceptos martianos para la constitución de la república, la de Jimaguayú representó un paso de avance en la consecución del estado cubano y la continuidad de la lucha.