Holguín, Cuba. – Cuando se alude a la comunicación social como herramienta de gestión, algunos limitan su acción a las redes sociales y la posibilidad de interactuar desde ellas en pos de intereses colectivos.
Sin embargo, el espectro de la labor comunicacional trasciende el ámbito de los medios masivos y la generación de contenidos para plataformas digitales, en tanto empresas, instituciones y otras organizaciones demandan la producción de significados propios de su actividad hacia sus públicos.
Al mismo tiempo, el espacio comunitario, donde se decide el día a día de toda la nación, plantea un entramado de interacciones comunicativas que requieren atención profesional para impulsar desde una mejor convivencia ciudadana hasta el desarrollo local.
Un vistazo a la gestión de la comunicación social revela entuertos y la necesidad de una regulación.
Ley para defender nuestra identidad
La futura Ley de Comunicación Social refuerza la concepción en torno a esa actividad como pilar de nuestro proyecto socialista, junto a la transformación digital y la innovación tecnológica, sostiene Alexander Rojas, directivo de Comunicación Institucional del gobierno provincial de Holguín.
En algunas organizaciones adolecemos de escasa visión acerca de la utilidad de las estrategias comunicacionales en función de cada objeto social y los objetivos de desarrollo del país, asegura.
Como instrumento de control, la Ley deberá propiciar un empleo más racional de los recursos materiales y humanos para comunicar eficientemente, explica el funcionario, y ello incluye perfeccionar también el modelo de prensa.
Entre sus prioridades, la norma reconoce la capacitación para el ejercicio profesional de la comunicación por parte de las personas jurídicas.
Hacerlo bien, pero comunicarlo mejor
Entre las áreas de gestión de la comunicación que la Ley regula, ocupan un espacio necesario las actividades de publicidad y patrocinio, puntualiza el jefe de Comunicación del gobierno de Holguín, Alexander Rojas.
Como recursos para la comercialización eficiente de productos y servicios, la normativa establece regulaciones adecuadas a nuestro contexto socio-económico, en tanto facilitan la sostenibilidad del ecosistema mediático a la par de sus actuales demandas tecnológicas y logísticas.
Asimismo, destaca el papel de la Ley como documento metodológico para guiar y homologar los sistemas de comunicación organizacional en las diversas entidades, de modo que sean más auditables y perfectibles.
Con alta participación democrática, Cuba legisla una norma comunicacional imprescindible para su desarrollo desde las fortalezas locales.