Como casi todas las capitales latinoamericanas, Lima es un escenario de contrastes donde coexisten la mayor opulencia y la pobreza más dura.

Es que Perú es una vitrina del neoliberalismo, un modelo que ha hecho de la corrupción una enfermedad endémica y un modo de vida de los políticos.

Por eso, seis de los últimos presidentes están presos o bajo investigación. El más reciente, Manuel Merino, dimitió el domingo, pero atrás Martín Vizcarra está acusado de recibir sobornos.

Pedro Pablo Kucynski en arresto domiciliario por la misma causa. Igual Ollanda Humala, en libertad condicional a la espera de juicio. Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido por corrupción.

Alejandro Toledo, en libertad bajo fianza en Estados Unidos, espera la extradición a Perú por sobornos, y Alberto Fujimori cumple 25 años de cárcel por corrupto y homicida.

Un país en crisis

Perú vive una profunda crisis de gobernabilidad que cuestiona la legitimidad no solo del presidente y del Congreso, sino de toda la clase política.

Ese es el resultado de la desconfianza en los políticos, una suspicacia que se ha colado a la fuerza en la actitud de los peruanos.

Líderes partidistas, congresistas, ministros y hasta presidentes, sin importar el sesgo ideológico, son vistos como traidores que solo buscan enriquecerse a costa del erario público.

Hoy la gente en las calles demanda una clase política distinta, capaz de enfrentar la crisis económica y la pandemia del nuevo coronavirus.

Hasta ahora, las protestas no tienen un matiz ideológico, pero hay una fuerte demanda de probidad en la función pública, un pedido que de seguro marcará las elecciones peruanas pactadas para abril del año próximo.