La Habana, Cuba. – Pilar constitucional y práctico del quehacer económico nacional, la tan nombrada empresa estatal socialista necesita de un amparo legal que la ponga a tono con estos complicados tiempos que vivimos.

Las actuales normativas que rigen el trabajo de esas entidades son demasiados generales y colocan en el mismo saco a todas sin distinción.

Es una estructura rígida que va desde los famosos OSDE hasta las Unidades de base y que no deja espacio para otras modalidades, ni para asumir riesgos en un contexto en que es decisiva la toma de decisiones con celeridad.

El hecho de que las regulaciones actuales sean también inflexibles obliga a repensarlas y sobre todo a adecuarlas a la realidad nacional. Por eso se prepara una nueva Ley de Empresas, que pretende diseñar un traje a la medida para las entidades de todo tipo.

Una Ley en ciernes

Según el actual cronograma legislativo, la Asamblea Nacional debe discutir en diciembre venidero la nueva Ley de Empresas.

Ese será el colofón de un proceso que se inició el pasado año y que ha incluido una encuesta a más de medio millar de empresarios para buscar consenso en el alcance, objetivos y principios de esa normativa.

La nueva legislación pretende definir la tipología, patrimonio, formas de asociación, autonomía y participación de los trabajos en cada empresa estatal. También la dirección, responsabilidad social, control y auditoria internos, entre otros aspectos.

Como se aprecia a simple vista es una tarea compleja, pero muy necesaria para el buen funcionamiento de una economía que pide eficiencia a gritos. Es elaborar y poner a tono con los tiempos a un modelo empresarial autóctono.