Los cuestionamientos a la reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, muestran el afán de la oposición derrotada en las elecciones por convertir el debate de ese proyecto en campaña que enlode el fin del mandato del Presidente quien, por el contrario, termina su periodo presidencial con el más alto porcentaje de seguidores registrado por jefe de Estado alguno en la historia reciente de México.

No se trata solo de las encuestas, que arrojan para su gestión más de un 70 % de aprobación. Del apoyo con que cuenta AMLO dieron fe, además, los miles de mexicanos que hace unos días acudieron a escuchar su último informe en el Zócalo de la capital.

No obstante, medios de prensa hablan de un «ambiente tenso» cuando se refieren al escenario en que llega el proyecto de ley al Congreso, lo que contribuye a enrarecer el ambiente.

Las causas

Son los funcionarios judiciales quienes encabezan la campaña anti-reforma, con paros que no impidieron la aprobación del proyecto en el primer debate general en la Cámara de Diputados.

Es imposible pensar que el pueblo rechace la reforma judicial, porque su propósito es hacer más expedito y fiable el ejercicio de la justicia en México.

Para ello se propone recortar los salarios de jueces y magistrados así como sus mandatos y, lo que es más importante: que su escogencia sea por votación popular entre candidatos propuestos por los tres poderes.

Solo la corrupción del poder judicial denunciada por Obrador puede explicar que hasta el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, insista en su injerencia, manifestando que la ley «preocupa» a “sectores” de su país. ¿Qué prebendas perderán Washington y sus corporaciones, si el poder judicial mexicano es saneado?