La Habana, Cuba. – Finalmente, el sistema judicial y toda la institucionalidad brasileños han demostrado su independencia.

Las presiones de Donald Trump para evitar que el expresidente Jair Bolsonaro fuera condenado por intento golpista, entre otros cargos, no torcieron el rumbo de la justicia.

Ni las sanciones estadounidenses contra magistrados y jueces, ni la elevación de aranceles a los productos de Brasil, ni siquiera la advertencia de la Casa Blanca de que podría usar la fuerza militar contra el país, lo redujo a la obediencia.

Pero eso no significa el fin de las tensiones. Mientras Trump lamentaba apenas la decisión adoptada por el Tribunal Supremo este jueves, Marco Rubio volvía a excederse de las facultades que le otorga su cargo como secretario del Departamento de Estado, al prometer que Washington actuaria en consecuencia para detener lo que llamó una cacería de brujas.

El golpismo castigado

El dictamen que condena a Bolsonaro a 27 años de prisión, resulta una sanción convertida por Estados Unidos en causa nacional.

Lejos de amilanar a las autoridades de Brasil, las amenazas de Washington provocaron una indignación que resultó en unidad popular en torno a Lula, y mayor respaldo a su gobierno.

También ha sido una decisión valiente que salvaguarda la democracia: nunca más deberán repetirse intentos como los que sacaron a la calle a cientos de bolsonaristas quienes, en enero de 2023, asaltaron las sedes de los tres poderes aupados por el exmandatario, para impedir la toma de posesión de Lula.

Es la primera vez, además, que se juzga y condena en Brasil a exmilitares de alto rango, como los tres también involucrados en el plan. El golpista está aleccionado.