El gobierno no se ha quedado cruzado de brazos ante la escalada de precios en productos de alta demanda popular. Aunque las medidas administrativas no son el remedio final, colocar precios máximos a seis artículos al menos trata de contener el alza.

En una reciente inspección nacional, se detectaron alteraciones en unas 2 mil 500 entidades de las más de seis 6 mil 200 visitadas por inspectores y funcionarios de gobiernos locales y de  Finanzas y Precios.

Además se detectaron intentos de ocultar mercancías muy demandadas, como el pollo y la leche en polvo, lo que determinó casos de venta forzosa y advertencia a los responsables para que entendieran que cometían un delito que puede ser sancionado hasta con tres años de privación de libertad.

Y no solo se inspeccionaron negocios privados, sino también estatales.

Entre todos

Es válido el intento de controlar el abuso y la especulación mediante el tope de precios. Pero como es fácil de dilucidar, el Estado no puede colocar un inspector en cada negocio, sea estatal o privado.

Por eso resulta primordial el control popular que se debe ejercer a través de los gobiernos locales o de manera directa por la ciudadanía.

Los mecanismos actuales de control ciudadano constituyen una herramienta muchas veces soslayada, pero que si se aplicaran con efectividad eliminarían varias de las vicisitudes que tenemos que enfrentar en la cotidianeidad.

No se puede dejar todo en manos de las autoridades, cuando hay una subida de precios sin sentido que favorece a especuladores de todo pelaje. Ahora, con el tope a seis productos de alta demanda, hay que ayudar al Estado, porque así nos ayudamos todos.