La Habana, Cuba. – El dictamen que declara culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno en acción penal, no solo es histórico porque por vez primera allí, condenará a un exmandatario.

Detrás del pago de Uribea testigos falsos para incriminar al senador Iván Cepeda, están sus vínculos con el paramilitarismo: esa fue la primera acusación formulada por el congresista en 2012, y razón por la cual el entonces mandatario sobornó a testimoniantes para condenarlo.

Quedan así expuestos los lazos de Uribe con las fuerzas irregulares: las mayores responsables de la violencia endémica que azota a Colombia.

Además, su gestión se caracterizó por repeler cualquier intento de negociación con los movimientos guerrilleros, la búsqueda de una salida militar al conflicto, y el fenómeno de los llamados falsos positivos: más de 3 mil civiles asesinados para presentarlos como insurgentes muertos.

Posible punto de partida

El actual presidente Gustavo Petro califica lo ocurrido durante las últimas décadas en Colombia como «un genocidio social y político», desencadenado por «la apropiación del Estado por el narcotráfico».

Aunque la defensa de Uribe apelará la sentencia, que se hará firme los próximos días, el senador Cepeda considera que se llegó a un punto difícil de revertir desde el punto de vista ético y político.

Podría preguntarse si estos acontecimientos abrirán las puertas a otros ejercicios similares de la justicia contra quienes, desde la institucionalidad, también han estimulado y amparado la violencia en Colombia.

Los grupos paramilitares se promovieron, fundamentalmente, para combatir a la guerrilla, y fueron parte de un modelo de contrainsurgencia ya obsoleto.

Con su política de Paz total, Petro quiso desmovilizarlos. Será tarea pendiente para el próximo gobierno; pero este es un paso.