La Orden Ejecutiva 14 mil 404, firmada el primero de mayo último por el gobierno de Estados Unidos, conlleva a sanciones secundarias que, aunque dirigen su diana hacia sectores estatales estratégicos, provocan un severo efecto colateral o de onda expansiva en el tejido empresarial privado cubano, es decir, Mipymes y Cooperativas no agropecuarias.
Es propósito esencial de esa Orden sancionar a terceros países que negocien con Cuba, lo cual obliga a bancos internacionales a cortar vínculos con entidades de nuestro país para evitar multas.
Esto, para las cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas, se traduce en transferencias más lentas, aumento de comisiones bancarias, pérdida de bancos corresponsales y trabas extremas para pagar importaciones o cobrar exportaciones.
Provoca también que navieras internacionales eviten tocar puertos cubanos por temor a represalias.
Apuntes de una orden
Otros impactos de la Orden Ejecutiva 14 mil 404 se relacionan con una menor disposición de rutas comerciales y fletes sustancialmente más caros.
Estos factores golpean la importación de materias primas, alimentos, tecnología y piezas de repuesto requeridas por las Mipymes y cooperativas manufactureras o de servicios.
Al depender del mercado externo estos actores padecen escasez de insumos y aumento desmedido en sus costos operativos, limitando su capacidad de funcionar o competir. Con esa medida, aunque no se prohiben, disminuyen los intermediarios financieros.
El flujo de capital que dinamiza a esos emprendimientos privados se vuelve más lento, complejo y costoso. Significa que el principal peligro de esa medida no es la prohibición legal explícita al sector privado, al cual en ocasiones Washington ha dicho querer apoyar; se trata pues, de la ampliación de la percepción de riesgo.
Redefinir las reglas
Existe una desconexión en el diseño de esta medida del gobierno estadounidense tal como reconocen los expertos consultados.
Mientras el discurso político alega que el objetivo es dañar al aparato estatal en la práctica mercantil global, los mercados no discriminan la propiedad jurídica cuando el riesgo País es sistémico.
Tanto un banco en España, una naviera en Asia o una Mipyme autónoma en La Habana comparten el mismo código de riesgo geográfico que una empresa estatal. El encarecimiento de la logística y los servicios financieros de las Mipymes no lo asume el empresario; se traslada directamente al precio final de los bienes que consume la población agudizando la inflación interna.
La Orden Ejecutiva redefine las reglas del juego para el empresariado cubano y paradójicamente el sector privado es el que termina pagando el peaje más alto de una guerra de posiciones que no diseñó.