Emigrar es un derecho individual, más allá de consideraciones de otra índole. Pero abandonar un país tiene que ser, al mismo tiempo, una acción segura, ordenada y legal, que garantice la vida del emigrante y el respeto a las normativas de los países involucrados.

Ese fue justamente el objetivo de los importantes acuerdos migratorios firmados por Cuba y Estados Unidos en la década del 90 y que en su momento trajeron un poco de tranquilidad y estabilidad a esa área de las relaciones bilaterales, aunque la Ley de Ajuste Cubano era, y sigue siendo, un malintencionado incentivo para los emigrantes.

Cuba, desde entonces, cumple a rajatabla esos convenios, los que sin embargo han tenido altibajos por culpa de la contraparte norteamericana, que no ha dejado de utilizarlos con fines políticos más o menos solapados.

El compromiso cubano

Incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, Cuba tiene el compromiso de mantener los flujos migratorios desde y hacia el territorio nacional, de acuerdo con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Y es que la actualización de la política migratoria nacional desde 2013 ha estado alineada con el espíritu del Pacto y ha significado un crecimiento del movimiento regular de cubanos hacia y desde el exterior.

Sin embargo, sucesivos gobiernos norteamericanos han politizado el tema para dañar la imagen de la Revolución Cubana  mediante la promoción de migraciones irregulares y riesgosas desde Cuba.

Estados Unidos incumple los acuerdos bilaterales, mientras el gobierno cubano celoso de su responsabilidad, promueve una emigración segura, ordenada y legal.