Camagüey, Cuba. – Para camagüeyanas como Candelaria Naranjo resulta inadmisible que otras personas, también con responsabilidades en el hogar, se dediquen a revender productos básicos a precios muy por encima de los originales. 

Repulsa es el sentimiento que despiertan quienes se dedican a tales actividades cuando la pandemia de la Covid-19  ha resentido la economía mundial y el bloqueo estadounidense contra Cuba se recrudece hasta lo irracional.

Por eso, ante la convocatoria de la máxima dirección del país a enfrentar estas manifestaciones que afectan el bien colectivo, los órganos judiciales en Camagüey están prestos a actuar rigurosamente con total apego a lo legislado.

Ese principio ha primado desde el inicio del enfrentamiento a la pandemia y hasta la fecha en el territorio se han efectuado 132  juicios orales a ciudadanos por conductas asociadas al acaparamiento, reventa, receptación y otros delitos. 

Sin paños tibios

La solicitud de la propia población de que el peso de la ley caiga sobre quienes lucren con las necesidades de la familia cubana se mantiene entre las prioridades para el Tribunal Provincial Popular de Camagüey.

Según su presidenta, Grethel Aguilera Fonseca, acaba de entrar en vigor la Instrucción 252 con la que el Tribunal Supremo precisa la actuación en tal contexto, ante la necesidad de juzgar con la debida severidad las manifestaciones referidas.

Idelsy Martínez, fiscal jefe en el territorio agramontino, agregó que ese Órgano está preparado para el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública para estos casos, cuyos procesos siempre se trabajan sobre la base de la justicia social.

Enfatizó en la importancia del apoyo de la población al detectar alguna de estas conductas para lo cual en la provincia existen varias vías de comunicación.