La Habana, Cuba. – La molestia popular empieza a bullir y no ha estallado en la nación ecuatoriana ni la por violencia social, que con trabajo apenas ha conseguido reducir un tanto el gobierno; ni por la perniciosa presencia de fuerzas militares de Estados Unidos que co-protagonizan, junto a policías y militares de Ecuador, la lucha contra el narcotráfico en ese país, convertido en paso de los delincuentes con su carga ilegal.

Ha sido el adelanto, para el próximo noviembre, de las elecciones locales previstas para febrero del año que viene, las que han motivado las protestas de partidos y otras organizaciones políticas así como de movimientos sociales que reclaman, por el momento, ante el Consejo Nacional Electoral, pero que pudieran convertirse en una piedra en el zapato para el mandatario si no se atienden las exigencias de quienes catalogan el cambio de fecha de los comicios como anticonstitucional.

Una medida tramposa

Lo que ha encendido las alarmas en Ecuador es la denuncia de que el adelanto de las elecciones, en las cuales se elegirá a casi 6000 funcionarios entre los que se cuentan prefectos, alcaldes, concejales, y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, provocará que al menos dos partidos políticos queden fuera. Uno de ellos es Unidad Popular, partido considerado de izquierda y cuya existencia se remonta a 1979.

Se le señala falta del número de afiliados necesarios.

El otro es más conocido y con altas posibilidades en los comicios: Revolución Ciudadana, la agrupación opositora más fuerte y con oportunidad de volver a la presidencia de Ecuador.

Como está suspendido por seis meses, sus candidatos tendrían que presentarse por otros partidos, lo que significaría atomizarlo. Ello solo beneficiaría a la derecha que Daniel Noboa representa.