La Habana, Cuba. – Posiblemente nunca en las 31 ocasiones en que ha sido condenada en la ONU, la política de Estados Unidos contra Cuba haya recibido tantas expresiones de rechazo que no han aguardado los debates en la Asamblea General.

Expresidentes, parlamentarios y congresistas estadounidenses se han dirigido al presidente Joe Biden para exigir la exclusión inmediata e incondicional de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo, una maniobra de Washington para justificar la promulgación de medidas que se añaden a las impuestas por el bloqueo.

Rechazar la politizada inclusión de la Isla en ese listado es repudiar, por tanto, lo que constituye una guerra endurecida desde los años de 1990 por la Ley Helms-Burton, reforzada después por esa falsa acusación, que ha puesto más cerrojos a la economía y las finanzas de nuestro país.

Más que un bloqueo

Para alguien medianamente informado, resulta imposible ignorar las violaciones al Derecho Internacional que comete el bloqueo económico, financiero y comercial.

Pero lo que escandaliza a las mentes claras y los corazones justos, es el daño humano de un hostigamiento que pretende nutrirse, precisamente, de la crisis económica y humana que provoca, reforzada por su carácter extensivo y continuado.

Ese ha sido un aspecto enfatizado por quienes han alzado su voz contra la política anticubana de Estados Unidos, en vísperas de que se debata la Resolución cubana que exige su levantamiento.

En general, las medidas coercitivas unilaterales, mal conocidas como sanciones, constituyen un instrumento de presión denunciado en el concierto internacional. Pero pretender asfixiar a un pueblo constituye una afrenta; un intento genocida que la humanidad se niega a aceptar.