La Habana, Cuba. – El mutismo con que las autoridades de El Salvador han respondido a la demanda de información sobre los venezolanos llevados a una megacárcel de ese país, revela el sucio cariz político de la medida dictada por Donald Trump.

Más de 200 migrantes de Venezuela están pagando con su integridad física y moral una decisión que es parte del asedio de Washington contra Caracas.

Acusados sin pruebas ni proceso judicial de pertenecer al cártel conocido como El Tren de Aragua, los indocumentados venezolanos fueron extraditados a una de las más temibles cárceles edificadas por Nayib Bukele para combatir la delincuencia en su país.

Trump aduce que fueron «introducidos» en Estados Unidos, como supuesta prueba de la hostilidad de Venezuela. Pero todo es una mentira que pretende castigar la entereza y soberanía del Gobierno bolivariano, y seguir satanizando al país.

Violación en todos los derechos

La revelación hecha por el presidente Nicolás Maduro acerca del silencio de El Salvador, exhibe la manera en que se criminaliza y victimiza a esos migrantes, como modo de agredir al Gobierno bolivariano.

Ni listas con los nombres de quienes han sido, sencillamente, secuestrados; ni detalles sobre su estado de salud; ni posibilidad para el trabajo de abogados defensores. No extraña porque, aparte de los vínculos ideológicos que puedan identificar a Bukele con Trump, se ha dicho que el presidente de El Salvador cobrará millones a Washington, por cada reo venezolano que encierra.

Como un negocio privado. Tal actitud viola todas las convenciones del Derecho Humanitario, y las más elementales reglas de convivencia. Pero, además, es inmoral e irrespetuosa, y alerta sobre lo que puede esperarse de un mandatario convertido en desalmado carcelero.