Los privilegios de unas pocas potencias llevan ya demasiado tiempo desvirtuando el sentido universalista e inclusivo que debería prevalecer en los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas. No es posible que unos cuantos poderosos sigan decidiendo por todos los habitantes del orbe.

No es democrático y constituye una  muestra mayúscula de discriminación. De ahí que en reciente sesión destinada a discutir sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas, insistiese una vez más Cuba en, al menos, ampliar la representatividad global dentro del privilegiado Consejo de Seguridad.

En efecto, al cierre de este junio, la representación de la mayor de las Antillas destacó que el controvertido Consejo de Seguridad no podrá hablar de personería válida, si se mantiene la ausencia en su seno de los países subdesarrollados, abrumadoramente mayoritarios en la escena global.

Un justo reclamo

Cuba considera que el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU debe incrementarse para adicionar, como mínimo, dos países de África, dos en desarrollo de Asia y dos de América Latina y el Caribe. Igualmente La Habana favorece un incremento del número de los integrantes no permanentes para lograr una adecuada representación de las naciones en desarrollo.

Lo cierto es que hoy la efectiva ejecutividad de la ONU radica en una exigua cofradía de poderosos, mientras que los criterios de más de ciento ochenta estados se mantienen relegados a un mero papel simbólico en el seno de una retórica Asamblea General cuyas decisiones carecen incluso de carácter vinculante.Resulta, sin dudas, un mal de diseño histórico.

Enajenante privilegio

La constitución de la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial propició que las potencias vencedoras del nazi fascismo y el militarismo nipón asumieran una importante cuota de poder que se concretó en su carácter vitalicio en el Consejo de Seguridad y el respectivo derecho al veto, un arma política de lógica incomprensible, con más razón cuando el tiempo ha transformado la realidad global a pasos agigantados.

Solo Washington ha ejercido el veto en más de ochenta ocasiones, de ellas nada menos que 58 veces para anular documentos de condena a Tel Aviv y sus actuaciones expansionistas y genocidas contra las naciones árabes, y en especial contra el pueblo palestino.

De manera  que sobran argumentos para discernir que la reforma integral y profunda de la ONU no es una absoluta necesidad de la historia.