Río Janeiro, Brasil. – Celebrado durante años por la lucha contra la corrupción política, el juez brasileño Sérgio Moro empieza a estar cada vez más en los focos públicos por las críticas que lo acusan de haber actuado con motivaciones políticas en su tribunal.

Moro, conocido por mandar a la cárcel al popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), les dio hoy argumentos a sus detractores al aceptar una invitación del ultraderechista Jair Bolsonaro para ser su ministro de Justicia a partir del 1 de enero de 2019.

“La perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado me llevaron a tomar esa decisión”, se justificó el juez.

Moro, magistrado de primera instancia en un tribunal de provincias en Curitiba, en el sur de Brasil, era casi desconocido hasta hace unos años. Su nombre saltó a la fama cuando mandó a detener en 2016 a Lula para llevarlo a declarar de forma forzosa ante un tribunal.

En los próximos dos años, el juez se convirtió en el gran antagonista del ex jefe de Estado (2003-2010), considerado como el artífice del despegue económico de Brasil en la década pasada y elogiado por haber sacado a millones de personas de la pobreza.

En abril de este año, Moro desmontó finalmente el mito del ícono de la izquierda brasileña al ordenar su ingreso en prisión por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El juez condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel a mediados de 2017, tras declararlo culpable de haber aceptado la reforma de un apartamento para favorecer a la constructora OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. Un tribunal de apelación subió en enero de este año la pena a 12 años.

Moro comandaba hasta ahora las principales investigaciones de la megacausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”). La operación, dada a conocer en 2014, ha puesto en jaque a gran parte de las viejas élites políticas de la mayor economía de América Latina.

Lula y Moro encarnan dos realidades distintas del gigante sudamericano y sus figuras representan, en cierta forma, las dos visiones políticas opuestas que se enfrentaron en la reciente elección presidencial.

Mientras Moro proviene de la clase media del sureño estado de Paraná, una de las zonas más ricas de Brasil, Lula nació como hijo de campesinos en la empobrecida región noreste de Brasil.

El jurista de 46 años y de voz pausada es usualmente reacio a los focos públicos, a diferencia del carismático Lula, un ex líder sindical de 72 años que fue obrero metalúrgico en Sao Paulo antes de empezar su meteórica carrera política en los 80.

Popular sobre todo entre círculos conservadores, el juez tiene fama de implacable y de no tener miedo a sentar a los poderosos en el banquillo de los acusados. Moro, sin embargo, es también objeto de crecientes críticas tanto en Brasil como a nivel internacional.

En marzo de 2016, los abogados de Lula acusaron al juez de “abuso de autoridad” por haber ordenado la conducción forzosa de Lula para declarar ante un tribunal, sin enviarle una citación previa.

Varios juristas criticaron en los últimos meses además la dureza de la sentencia de Moro contra Lula, así como la supuesta debilidad de las pruebas presentadas contra el ex presidente.

En la reciente campaña electoral, Moro generó también críticas por publicar material sobre los casos de corrupción del PT, mantenido bajo secreto judicial durante más de un año, justo días antes de los comicios.

El candidato del PT, Fernando Haddad, perdió finalmente el pasado domingo en la segunda vuelta electoral frente a Bolsonaro.

Lula acusa desde hace tiempo a Moro de ser un “inquisidor” que representa los intereses de las élites que quieren evitar un regreso de la izquierda al poder. “Moro muestra su parcialidad en ‘Lava Jato’ al aceptar un cargo en el Gobierno de Bolsonaro”, señaló hoy el PT.

Con el comienzo oficial de su carrera política, Moro tendrá que afrontar desde hoy más reproches por sus anteriores decisiones judiciales. El futuro ministro de Justicia ya anunció que dejará los tribunales después de 22 años.

La doble moral del Juez Sérgio Moro

Los grandes medios de comunicación brasileños al servicio de la ultraderecha fascista se esfuerzan por vender la imagen de que el sistema judicial del gigante sudamericano es el más independiente del mundo, y que el juez Sergio Moro es una especie de campeón de la lucha contra la corrupción. Como veremos, nada más lejos de la realidad.

Moro era un desconocido hace apenas cuatro años, sin embargo asumió en el 2014 desde su juzgado en Curitiba, la investigación del Lava Jato (lavacoches), que inició como un simple operativo en una gasolinera utilizada para lavar dinero.

Moro ha tratado de mostrarse como una parte imparcial de los hechos, afirmando que lo ocurrido no le daba «ninguna satisfacción personal». Pero la mira del oportunista juez brasileño siempre estuvo desde un principio en Lula, siguiendo los dictados de sus auspiciadores de la ultraderecha brasileña y sus mentores yanquis.

Según un documento filtrado por Wikileaks, Sergio Moro recibió un curso promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en cuyo informe final refleja que «fiscales y jueces especializados dirigen en Brasil casos significativos que involucran la corrupción de individuos de alto escalafón».

Sus lazos con la nación norteamericana incluyen, además, la participación en un programa para la instrucción de abogados en la Escuela de Leyes de Harvard.

De acuerdo con el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, «Moro sabe cómo ganarse la aprobación de Washington».

Una cofradía de amigos corruptos

Junto con la violación de los derechos fundamentales de Lula, la inequívoca relación de proximidad de Moro con otros investigados, como Aécio Neves, con quien no ha dudado en mostrarse en público, hacen pensar que más que la acción de una justicia imparcial, asistimos a un proceso regido por un viejo dictado brasileño: “a los amigos todo, a los enemigos la ley”.

Así, durante los premios al Brasileño del Año, organizados por Editora Três, en diciembre de 2016, todo el Brasil vio por la televisión a Moro junto a Neves compartiendo amistosamente con el gobernador de São Paulo, Alckmin, y el presidente Temer. En una foto de esta cofradía que se hizo viral en las redes sociales, se les veía eufóricos en sospechosa familiaridad.

Aecio quedó implicado en la trama de corrupción que reveló por acuerdo con la justicia Joesley Batista, el ejecutivo de los frigoríficos JBS que puso contra las cuerdas al presidente Temer y otros altos dirigentes, al dejar a la vista un detallado sistema de coimas entre la empresa de carnes e importantes funcionarios de gobierno.

Tras la denuncia de Batista, la vida política de Neves se oscureció en unas horas. El Tribunal Supremo de Justicia lo separó de su cargo en el Senado, se emitió una prohibición de salida del país y se autorizó el allanamiento de oficinas y propiedades a su nombre. La policía puso bajo arresto a dos familiares cercanos y su propio partido político analizó su expulsión.

El grupo de noticias Globo reportó que Aecio aparecía en una grabación pidiéndole a Joesley Batista, el mismo ejecutivo que puso en vilo la presidencia de Temer con la revelación de un audio explosivo, un soborno de 2,8 millones de reales (cerca de 890.000 dólares).

Según el informe de Globo, la suma sugerida por Aecio era para defenderlo en el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción por el que Batista está detenido y por el que declaró contra Temer y Aecio, bajo acuerdo de delación premiada con la justicia federal, para reducir sus años de condena en prisión.

La fiscalía brasileña pidió luego su detención, aunque por extraño que parezca no se emitió una orden de captura. Quienes sí cayeron bajo arresto fueron su hermana, también implicada en la trama de corrupción y detenida en Belo Horizonte, y un primo suyo igualmente sospechoso de participar en los esquemas de sobornos.

Aecio, líder del Partido Social Democracia Brasileño (PSDB) y aliado clave del gobierno de Temer, perdió por contados votos las elecciones de 2014 contra Dilma Rousseff, y conservaba intacta su confianza y sus chances de repetir, con más éxito, el intento de acceder a la más alta jefatura del país.

Su caso está vinculado con la megacausa judicial Lava Jato, que investiga desde hace más de tres años una inmensa red de pago de sobornos en torno de la petrolera estatal Petrobras, y que de una u otra manera salpicó a casi toda la clase política brasileña.

La Policía Federal de Brasil halló, en una vivienda del excandidato a la Presidencia de Brasil por el PSDB, una serie de documentos, comprobantes de depósitos y anotaciones manuscritas, entre ellas algunas con la inscripción ‘cx 2?”, que podría hacer referencia a la ‘caixa 2’ (caja 2), en la que entraba dinero no contabilizado.

Asimismo, la policía encontró un inhibidor de frecuencia y una lista de indicaciones para cargos federales en una operación llevada a cabo en la vivienda y en el gabinete de Neves.

También se han incautado en el gabinete del exsenador varias planillas en las que estaban escritas algunas indicaciones para cargos federales, fechas de reuniones con Joesley Batista –uno de los propietarios de la principal productora de carne del mundo, la empresa brasileña JBS– y datos sobre Odebrecht.

Batista, que mantuvo una conversación con el presidente, Michel Temer, en la que presuntamente reconoce que pagó por el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha –en una grabación que salió a la luz recientemente–, sostiene que pagó dos millones de reales a Neves a cambio de una indicación para que se le ofreciera un cargo en la empresa minera Vale.

Esta misma compañía habría pagado sobornos a Neves durante la campaña presidencial de 2014 esperando que actuara a favor de la empresa en caso de ser elegido.

Sonado caso de corrupciónEn cuanto al gobernador de São Paulo y precandidato presidencial, Geraldo Alckmin, según la prensa local Odebrecht y Camargo Correa, las empresas de ingeniería más importantes de Brasil, admitieron ante las autoridades haber liderado en las últimas dos décadas un cartel para sobrefacturar la obra pública en dicho estado, revelación que puede afectar políticamente al gobernador.

Odebrecht, la empresa más grande de ingeniería de América Latina y eje de la Operación Lava Jato, “confesó” ante el Consejo de Administración de Defensa Económica, gubernamental (CADE) un fraude por tres mil millones de dólares entre 2004 y 2005 en São Paulo, durante los gobiernos del PSDB.

“El cartel fue permitido en acuerdo con agentes públicos” no identificados por Odebrecht en su pedido de “perdón y reparación” por haber cometido delitos del orden económico con contratos del estado, informó el CADE.

El estado de São Paulo, con el mayor PBI de Brasil y 43 millones de habitantes, es desde 1994 un feudo electoral del PSDB, el partido del ex presidente Fernando Henrirque Cardoso (1995-2002) y de los ex candidatos presidenciales Alckmin y Serra.

Camargo Correa, la primera empresa en hacer acuerdos de lenidad y delación premiada por delitos de corrupción, admitió haber operado en cartel desde 1998 hasta 2014 en 21 proyectos, 11 de ellos en São Paulo.

El caso también apunta a las confesiones de sobreprecios y cartel realizadas por la alemana Siemens en la construcción de subtes del estado de São Paulo, donde las gestiones del PSDB fueron investigadas por la compra de trenes de la francesa Alstom.

Del Presidente de facto Temer, ni hablar, pues es reconocido como el más impopular y corrupto de la historia contemporánea de Brasil. De hecho, todos los escándalos del 2017, por poco sacaron a Temer de la presidencia.

Gobierno de Temer no tiene apoyo popular¡Tales son los amigotes que integran la cofradía del juez Sergio Moro! Todos ellos, hace tiempo podrían estar tras las rejas, pues pruebas sobran en su contra, sin embargo para asombro de muchos, siguen en libertad.

Un juez subsidiado por la ultraderecha

Pero si ello no fuera suficiente para dudar de la ética, la probidad y la moral del juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato, entérese que el mismo quedó expuesto tras conocerse que, al igual que el 70 por ciento de los jueces, cobra un subsidio para pagar un alquiler. Peor aún, Moro, el juez que condenó a Lula con una llamativa escasez de pruebas, percibe el subsidio a pesar vivir en su propia casa.

Según admitió el propio magistrado, desde 2014 recibe unos 1 300 dólares mensuales como “ayuda-vivienda” pese a que posee casa propia en la ciudad de Curitiba, desde donde comenzó a comandar la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

El diario Folha de São Paulo reveló que Moro cobra el beneficio. En total, Moro cobra el equivalente a unos 10.800 dólares por mes (sueldo más extra), pero a fin de año, según el mismo reconoció al portal UOL, por una serie de beneficios, llegó a recibir unos 35 mil (cerca de 100.000 reales).

Todos los fiscales y jueces tienen derecho al subsidio como un ítem separado del salario básico, pero este beneficio originalmente fue otorgado para los jueces que debían mudarse de sus ciudades de residencia, según la ONG Contas Abertas.

También recibe auxilio de vivienda la mano derecha de Moro en Río de Janeiro, el juez Marcelo Bretas, pero con un detalle: este magistrado está casado con una jueza y ambos reciben el mismo beneficio viviendo juntos en casa propia, es decir unos 2.600 dólares mensuales.

El Poder Judicial en Brasil paga impuesto a las ganancias, pero recibe ajustes salariales por encima de la inflación y del resto de los empleados públicos, aunque desde 2015 los extras se han detenido y es motivo de queja por parte de la Asociación de Jueces y de Fiscales.

Desde 2014, según determinó el juez de la corte suprema Luis Fux, todos los jueces y fiscales pueden obtener los 1.300 dólares mensuales de auxilio vivienda, incluso si viven en la misma ciudad de residencia y si tienen casa propia.

El Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre defendió el pago de auxilio vivienda a Moro “porque sigue las determinaciones legales”, este mismo tribunal se hizo famoso a nivel nacional e internacional, luego de confirmar la condena por supuesta corrupción contra Lula.

La Farsa de Lava Jato

La operación Lava Jato va en camino a convertirse en una farsa de resultados imprevisibles, que además de afectar a la clase política, añade ahora la visión sobre la existencia de un poder judicial parcial y politizado capaz de interpretar y aplicar la ley a su antojo. El problema de fondo reside en que en un Estado altamente patrimonialista y particularista como el brasileño, el poder judicial no vive en una burbuja ajeno a los vicios que también comprometen al poder ejecutivo y al legislativo.

En un país donde un juez puede usar impunemente un coche de lujo incautado en una operación como si fuese propio, donde pueden llegar a encausar a un agente de la ley que insiste en hacerle el control de alcoholemia, o donde el propio Sergio Moro admite impunemente cobrar dietas irregulares por alojamiento, es muy difícil pensar que el poder judicial pueda ser el motor de las transformaciones sociales necesarias para acabar con la corrupción estructural.

La lucha contra la corrupción y a favor de la mejora de la democracia brasileña, desgraciadamente, no puede venir de una gran operación judicial-mediática como la Lava Jato.

Moro ha querido verse como un “Garzón” brasileño al poner bajo prisión al mayor líder político del Brasil contemporáneo. El problema es que todas las críticas que han sido mostradas sobre este proceso, la debilidad de las pruebas sobre el triplex de Guarujá, diversas actividades partidarias donde Moro aparece, etc., arroja una gran mancha sobre esa pretensión y Moro tiene más posibilidades de pasar a la historia más por la espectacularización de este caso que por la rigurosidad jurídica.

Como subraya Humberto Meza, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro: “el problema de Lula no es un asunto de justicia, es un asunto político —el hombre es favorito en las encuestas. No se trata de un caso apenas judicial o apenas partidario. Por ser el candidato que lidera todas las encuestas para las elecciones de este año, la orden de prisión evidentemente crea todo un estado de inseguridad sobre el curso de las elecciones porque elimina de un tajo la posibilidad de un sector importante de la izquierda de volver a participar de un mecanismo democrático electoral que ya había sido arrebatado en el Congreso por el golpe a Dilma de 2016. No se puede ver aislado de ese contexto, obviamente.

Crecen las protestas por prisión de Lula

Eso sin contar que muchos sectores dominantes han hecho correr el rumor entre todo mundo que no hay condiciones para elecciones este año, algo que favorecería evidentemente a Temer.

La justicia de Brasil se ha convertido en los últimos años en un actor político fundamental y suprapartidario. Tras las enormes protestas sociales de 2013, el tema de la corrupción es una moneda usada por todos los partidos políticos para desprestigiarse.

Quizá la crisis actual de Brasil, puede servir para replantearse qué es realmente la democracia en los países capitalistas, qué significa en ellos la participación popular, preguntarse si la sociedad puede cambiarse desde las instituciones de un Estado hecho a imagen e intereses de los poderes fácticos y cuyas normas irrespeta continuamente la derecha fascista. Una derecha que no sólo domina los medios, las fuerzas armadas y las principales instituciones estatales y privadas de Brasil, sino que también manipula a su antojo la justicia, con la ayuda de jueces con doble moral como Sérgio Moro.

Tomado de Cubadebate y Notinet de Cuba