Durante un acto en Madrid para hacer balance de sus primeros 100 días de gestión, el mandatario socialdemócrata afirmó que el objetivo es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política.

‘Estamos ante un cambio de época que exige atender los deseos de una sociedad que demanda, ante todo, además de ejemplaridad, que siempre es necesaria, igualdad entre los ciudadanos y sus representantes’, enfatizó.

Sánchez, quien llegó al poder el 1 de junio tras ganar una moción de censura parlamentaria contra el conservador Mariano Rajoy, anunció que impulsará una reforma constitucional para eliminar los aforamientos.

Aseguró que, si los partidos con representación parlamentaria actúan con altura de miras, esa transformación podría estar tramitada en 60 días a partir de su presentación en las Cortes Generales (parlamento bicameral español).

El aforamiento es una figura que permite a determinados cargos públicos ser juzgados por un tribunal superior (en este caso el Supremo) al que correspondería a un ciudadano corriente, en caso de ser imputados por un delito.

Beneficia, entre otros, a los miembros del Gobierno, senadores, diputados nacionales y regionales, jueces y fiscales y a la familia real.

En España hay unos 250 mil aforados, de los que algo más de 232 mil son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las policías de las comunidades autónomas (regiones), según datos del Tribunal Supremo.

Una eventual reforma de la carta magna, vigente desde 1978, requiere de tres quintas partes de cada una de las cámaras del legislativo español, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Con apenas 84 diputados socialistas de un total de 350, Sánchez necesitará del apoyo del conservador Partido Popular, principal fuerza en la Cámara baja y con mayoría absoluta en el Senado.