Hace tiempo que se habla del tema de la corrupción ligada al derechista Partido Popular, de gobierno, en España.

Es una tormenta que empezó años atrás cuando se conoció de los manejos de toda una red que, según la propia prensa local, “repartía comisiones con Luís Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular, para mediar en contratos con el gobierno de José María Aznar”, práctica que se dice fue maquillada con la llegada de Mariano Rajoy a la jefatura de gobierno en 2008.

El autor de esos pagos, Francico Correa, fue precisamente quien inculpó a Bárcenas durante una vista oral,  y precisó que el hombre que controlaba los libros de cuentas del partido de gobierno le aseguró que esos fondos iban a parar a las arcas de dicha organización política.

 

En pocas palabras, netas recaudaciones fraudulentas.

Decisiones claves

De hecho, expresan los analistas, la corrupción en el Partido Popular tiene todas las carácterísticas de una bomba de relojería que se viene activando desde hace tiempo, y la cual el Partido Popular y el propio Rajoy han intentado tapar con un frágil manto y pretender que no existe.

No obstante, por votación de dos jueces contra uno, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española decidió pasar un citatorio al jefe del gobierno para conocer su testimonio y criterios sobre el asunto, toda vez que, por elemental lógica, o Rajoy tiene algo que decir, o simplemente estaba en “la luna de Valencia” con relación a todo lo acontecido.

El presidente ya había logrado zafarse en ocasiones anteriores de comparecer ante la justicia, porque el Partido Popular insistía que no era necesario su testimonio.

Suficientes elementos

Lo cierto es que los promotores de la presencia de Mariano Rajoy ante los tribunales,  especialmente la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ya habían intentado establecer citatorios anteriores,  y ahora lograron que se tomaran en cuenta sus argumentos, aunque no de forma unánime por los tres magistrados actuantes.

Según esa entidad, resulta imprescindible el criterio del actual líder del Partido Popular, toda vez que sus jefes anteriores han pasado por los tribunales a testificar.

Mientras, fuentes del Partido Popular cuestionaron la decisión y llegaron a alegar que las simpatías e inclinaciones políticas de algunos de los impulsores de este citatorio están en el fondo de la medida, por tanto no se trata de una “inquietud judicial”, sino del deseo de perjudicar al presidente.