En 1996, el entonces presidente de los Estados Unidos, William Clinton, dio el visto bueno a la Ley Helms-Burton, columna vertebral de la política de bloqueo económico, comercial y financiero mantenida contra Cuba desde poco después del triunfo de su Revolución socialista.

Soplaban aires electorales, y Clinton decidió contentar a la vociferante ultraderecha de la Florida al firmar la legislación anticubana.

Sólo que ésta traspasaba los límites de la injerencia en los asuntos internos de la Isla, dado su carácter abiertamente extraterritorial.

Aliados tradicionales de Washington advirtieron que actuarían para defender sus intereses y su derecho a comerciar con Cuba, y la prórroga de la suspensión del controvertido Título III de la Helms-Burton se hizo práctica por todos los mandatarios estadounidenses…hasta que llegó Trump.

Repulsa unánime

La administración de Donald Trump confirmó que el 2 de mayo entra en vigor -por primera vez- el polémico Título III de la Ley Helms-Burton.

En él se autoriza a ciudadanos estadounidenses entablar demandas contra empresas cubanas o extranjeras que operen en propiedades nacionalizadas por la Revolución, a pesar de que este proceso se realizó según la práctica internacional.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Unión Europea recordó que la Casa Blanca incumple así acuerdos de hace 23 años y retomará su querella ante la Organización Mundial del Comercio para proteger los intereses de esa comunidad política, que cuenta con una sólida legislación al respecto.

Acorde con sus leyes, Canadá y México también reiteraron su negativa a acatar la Helms-Burton. En su escalada agresiva contra Cuba, Trump desafía al mundo y tal vez arriesga hasta la estabilidad interna.