La Habana, Cuba.-  Siempre resulta complicado y riesgoso regular un aspecto de la economía con medidas administrativas. Es una realidad que funciona en cualquier parte del mundo, porque la economía se rige por leyes y marcha como un todo, sin compartimentos estancos.

Por eso, lo que pasa en un punto, tiene repercusiones en otro, y eso es lo que ha sucedido ahora con las nuevas regulaciones aplicadas en La Habana para los transportistas privados, los llamados boteros.

La reacción principal a la limitación de los precios del pasaje ha sido, por un lado, una especie de recogimiento que ha significado una sensible disminución de los autos de alquiler en las calles habaneras.

Por otra parte, los boteros que se aventuran a trabajar ahora mantienen los precios totales de los tramos que antes partían, una singular interpretación de lo dictado por las autoridades de la ciudad.

Aristas de un problema

Lo que ocurre hoy en la capital cubana con los boteros tiene, a simple vista, al menos tres ángulos de análisis.

En primer lugar, las viejas insuficiencias del transporte público, que obligan a recurrir al sector privado. En segundo plano, los altos precios que cobran los boteros, y en tercero, y por ser el último no menos importante, la fuerte erogación que hacen los dueños de los almendrones para mantener sus viejos carros.

Esos factores, sumados a que el asunto funciona bajo oferta y demanda, complican la solución de un problema que arrastramos desde hace años.

En condiciones ideales, todo se resolvería con una mejora del transporte público, pero ya se sabe que, por diversas causas, no se ha logrado garantizar con eficiencia la movilidad ciudadana, y en esas circunstancias, lo importante es cumplir lo que está establecido.