La Habana, Cuba. – En la última década o -para ser más exactos- desde julio de 2008, el campo cubano ha pasado por un profundo proceso de transformación que busca ampliar la producción agrícola.

Esos cambios, amparados primero en el Decreto-Ley 259, más tarde en el  300, y ahora en el 358, están asociados a la gestión de la tierra a partir de la entrega de áreas en usufructo.

Cada vez que se han retocado las normas ha sido para facilitar el trabajo agrícola en cumplimiento del Lineamiento 162.

El arrendamiento, que cubre poco más de 2 millones de hectáreas, beneficia a unos 244 mil usufructuarios, la inmensa mayoría con personalidad natural. Ellos son los responsables de la mayor parte de la producción nacional.

Buenas señales

Según datos oficiales, el arrendamiento de tierras permitió crecimientos anuales promedio del 6 por ciento en la producción de arroz, maíz y frutas, 8 en la de frijol, 5,3 en tubérculos y hortalizas, y 2,9 en la leche fluida.

Esa producción aún es insuficiente, como reconocen los directivos del Ministerio de Agricultura, pues el aporte de ese sector apenas supera el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando se necesita pasar del 6.

No obstante, el crecimiento de algunas producciones sin dudas es una señal alentadora en un sector que resulta decisivo para el éxito de la transformación económica del país. Esa es la razón última y primera de las modificaciones al arrendamiento de áreas ociosas: hacer que la tierra produzca más.