La Habana, Cuba.- Nacido bajo la falsa justificación de proteger los intereses de los estadounidenses en Cuba, el bloqueo que desde hace más de medio siglo impone Washington a nuestro país aparece hoy como el principal obstáculo para resolver las compensaciones mutuas por daños y nacionalizaciones.

Desde que ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas hace poco más de un año, el tema de las indemnizaciones saltó a la mesa de negociación, aunque los diplomáticos de los dos países comprendieron rápido que era un asunto muy peliagudo cuya resolución tomaría tiempo.

Representantes de ambos países apenas se han reunidos dos veces, en diciembre de 2015 y en julio de este año, para intercambiar información sobre los antecedentes, características y bases jurídico-legales de las reclamaciones.

Estados Unidos reclama a Cuba más de 1.900 millones de dólares en compensaciones a norteamericanos cuyas propiedades en la isla fueron expropiadas en la década de 1960, según la Foreign Claims Settlement Commission  (Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Exterior, FCSC por sus siglas en inglés).

También exige unos 2.200 millones de dólares en fallos de tribunales norteamericanos, dictados sin la presencia cubana, además de “entre 100 y 200 millones de dólares” por “intereses mineros” que el gobierno estadounidense tenía en la isla.

Cuba, por su parte, basa su exigencia en las sentencias dictadas por el Tribunal Provincial de La Habana en mayo de 1999 y en enero de 2000, que contabilizan en unos 300.000 millones los daños económicos y humanos, cifra que crece cada año con la actualización del costo del bloqueo.

Un poco de historia

Desde que fueron dispuestas las primeras leyes de nacionalización, en mayo de 1959 con la Reforma Agraria, el Estado cubano siempre tuvo la voluntad política de compensar a las personas jurídicas y naturales extranjeras cuyas propiedades pasaron a manos del pueblo de Cuba.

En el caso particular de los titulares estadounidenses, las normas jurídicas elaboradas por Cuba, en específico la Ley 851, incluyeron formas para ejecutar, en plazos bien definidos, los procedimientos de compensación a partir de un fondo creado por el excedente de la venta de azúcar a Estados Unidos.

Sin embargo, la cancelación de la cuota azucarera por parte de Washington frustró el empeño del joven gobierno revolucionario, cuyas expropiaciones fueron incluso reconocidas como legales, en 1964, por la Corte Suprema estadounidense en el Caso Sabbatino contra el Banco Nacional de Cuba.

Mientras Washington se negó a concordar con La Habana, el gobierno cubano estableció convenios de compensación con varios países cuyos intereses fueron expropiados tras el triunfo del 1ero de enero de 1959.

 ¿Y ahora, qué?

Tras más de cinco décadas de ruptura, la negociación de ese tema se avizora larga por ser un asunto de muy elevada complejidad, tanto política, como técnica o jurídicamente, si se tiene en cuenta la multiplicidad de elementos que están en juego.

Una particularidad, que no existió con las negociaciones con otros países, es que en el caso de Estados Unidos es una discusión de doble vía, con compensaciones mutuas que deben ir de Washington a La Habana y viceversa.

“Este es un proceso en dos direcciones. Aquí no sólo debe considerarse la compensación cubana por las nacionalizaciones al principio de la Revolución, sino sobre todo las reclamaciones de nuestro país por los daños económicos, igual por el bloqueo, lo que está incluso establecido por ley en nuestro país”, afirmó hace unos días el vicecanciller Abelardo Moreno.

Moreno, quien encabezó la delegación cubana que participó en Washington en el más reciente contacto sobre el tema con representantes estadounidenses, aclaró que se habla sobre compensaciones mutuas, “y por consiguiente, tiene que ser un proceso en el que haya un acuerdo entre las dos partes que van a negociar ese tema”.

El vicecanciller explicó que aunque Cuba no ha supeditado a nada la solución de las compensaciones, obviamente el tema tiene un vínculo directo con el bloqueo, una opinión que  encaja perfectamente con la premisa cubana de que no habrá normalización de relaciones con Estados Unidos mientras se mantenga vigente el oneroso cerco tendido alrededor de nuestro país.

De cara al futuro

El Departamento de Estado está repasando su lista de reclamantes, pues han sido muy grandes los cambios desde que ese listado se constituyó con empresas que hoy desaparecieron o se fusionaron con otras, o personas que fallecieron y ahora solo quedan sus herederos.

De ahí la necesidad norteamericana de tener bien claro el inventario de reclamantes naturales y jurídicos.

Del lado cubano, todo es más simple pues el gobierno ha mantenido un monitoreo sistemático de los daños causados por el bloqueo, cuya actualización se hace pública  cada año con la presentación de un Informe a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los diplomáticos cubanos han sido precisos en señalar que están obligados por ley a mantener el monto del pedido de Cuba, algo que no es negociable, pues, además del aspecto ético, está amparado en una sentencia legal.

Lo único que se sabe es que ambas partes tienen el compromiso de continuar el intercambio de información, quizás con más frecuencia y regularidad, para más tarde comenzar una negociación en serio y determinar quién le debe a quién.