La Habana, Cuba. – La activación del Título III de la Ley Helms-Burton, lleva a tribunales de Estados Unidos la pretensión del gobierno de ese país de desconocer el ordenamiento jurídico y constitucional de la isla.

En activo desde el 2 de mayo, ese Título abre las puertas a reclamaciones en las cortes federales estadounidenses respecto a propiedades nacionalizadas a principios de la Revolución Cubana.

Las expectativas de la administración de Donald Trump, y del lobby contrarrevolucionario de Miami, resultaba en una avalancha de reclamos judiciales contra la isla y, sobre todo, contra empresas extranjeras asentadas en Cuba.

Y aunque hasta ahora tales pretensiones quedaron cortas, lo cierto es que hay en tribunales de aquel país querellas que apuntan a empresas e industrias neurálgicas para la economía cubana; así ocurre con las empresas CIMEX S. A. y Cupet, que ya dieron los primeros pasos para defenderse.

La Ley Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, sin efecto jurídico alguno y bajo los términos de esa legislación no habrá entendimiento alguno con Washington, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Bayamo, cuando pronunció el discurso central por el Día de la Rebeldía Nacional.